Justicia también estudiará el cambio de penas por terrorismo

Aunque la discusión principal está en la revisión de penas por delitos ajenos al terrorismo, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, reconoció ayer que cuando se haga el repaso al Código Penal también se analizará el actual sistema de condenas previstas para actos terroristas. Un día antes, cuando explicó en conferencia de prensa la creación de la comisión técnica para estudiar el sistema de penas del Código Penal, Acebes señaló que las medidas judiciales sobre terrorismo se analizarían el jueves en el Congreso de los Diputados dentro del proyecto de modificación del Código y de la Ley del Menor.

De momento todos repiten que los 30 años que se fijan en el Código Penal como condena máxima es adecuado y ayer lo reiteró así el portavoz socialista, Jesús Caldera, y distintos miembros del Gobierno de José María Aznar.

Pero en la misma línea se reconoce que se puede hacer algo más como es la aplicación efectiva de esa pena para los terroristas "que no muestren arrepentimiento", tal y como ayer señaló el portavoz socialista.

Racionalidad y serenidad son las actitudes que recomienda el Grupo Catalán para revisar el Código Penal en torno a las condenas por delitos de terrorismo. "Nosotros queremos que el debate se encauce por esa comisión técnica y después en el Parlamento para sacar el asunto de la calle o de los comentarios incontrolados sobre peticiones de cadena perpetua", señaló el portavoz adjunto de CiU, Manel Silva.

"Nosotros no vemos el Código Penal como un castillo a asaltar o a defender y en todo caso siempre será el "Código Belloch", dijo Silva para tranquilizar a los socialistas.

La comisión encargada de analizar al actual sistema de pensa está presidida por Francisco Bueno Arús, director general de Política Legislativa; y los vocales son Luis Román Puerta, presidente de la Sala Penal del Supremo, José María Luzón, teniente fiscal; José Luis Castro, juez de vigilancia; Lorenzo Morillas y Carlos García Valdés, catedráticos de Derecho Penal; José Ignacio Monedero, abogado del Estado, y Ángel Ruiz de Erenchun, abogado.