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Editorial:

Ofensiva antineonazi

Días después de que una gran multitud se lanzara a las calles en Berlín y de otras ciudades alemanas para manifestarse contra el nazismo se concretan en Alemania los pasos legales para la ilegalización del Partido Nacionaldemocrático (NPD). La Cámara alta del Parlamento (Bundesrat) ha decidido secundar la demanda de proscripción aprobada por el Gobierno y el Consejo de Ministros de Interior de los Estados federales. Estos órganos estatales han llegado a la conclusión, después de evaluar numerosos informes, de que durante la década que acaba, el NPD se ha convertido en una organización de cuadros para la actividad criminal neonazi. Será el Tribunal Constitucional de Karlsruhe el que deberá decidir al respecto.La iniciativa tiene sus riesgos. Porque una decisión del Constitucional en contra de la ilegalización supondría no sólo un éxito propagandístico del neonazismo, sino también un aumento de las dificultades para la persecución de los grupos militantes que se han estructurado bajo dichas siglas. Ninguna idea es delito. Pero el NPD, en su día refugio de nostálgicos del nazismo, es hoy una organización que, bajo su estructura legal, se dedica a la inducción, inspiración, ejecución y justificación de actividades criminales violentas con el fin último de destruir el sistema democrático. Siendo así -concluyen Gobierno e instituciones alemanas-, el NPD no es ya una organización que defiende y expresa ideas más o menos discutibles, sino una estructura que sirve a propósitos criminales. No es algo que aquí y ahora nos resulte del todo ajeno.

En los diez años de la Alemania reunificada, y especialmente en los Estados federados que fueron parte de la República Democrática Alemana, han muerto cerca de cien personas, casi todas no alemanas, a causa de la violencia neonazi y xenófoba. Todos los partidos parlamentarios han llegado a la conclusión de que la situación se ha convertido en intolerable y que el deterioro ha sido inducido en gran parte por la impunidad con el neonazismo, que agita y justifica dichas acciones violentas.

El Gobierno de Gerhard Schröder ha decidido tomar la iniciativa para reforzar los mecanismos de defensa del Estado democrático y de derecho. Si el NPD es finalmente ilegalizado, los neonazis podrán seguir pensando como piensan, pero no tendrán una cobertura legal para la agitación y la violencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de noviembre de 2000