El Ayuntamiento de Estepona remitirá al Tribunal de Cuentas el informe sobre la gestión del GIL en 1998

El Ayuntamiento de Estepona remitirá al Tribunal de Cuentas el informe sobre la gestión del GIL en 1998, año en el que Jesús Gil Marín estaba al frente del Consistorio. La medida fue acordada ayer por PSOE y PP durante la Comisión Especial de Cuentas, que analizó los resultados de un informe de la intervención municipal, en el que se denuncian "graves irregularidades" en la gestión de las 12 sociedades públicas creadas durante el mandato del hijo de Gil y Gil, y ahora disueltas.Antes de ser remitidas al máximo órgano fiscalizador, las cuentas permanecerán en exposición pública durante tres semanas para la presentación de alegaciones. Una vez concluido este plazo, se llevarán al pleno, donde serán rechazadas por el gobierno cuatripartito, formado por PSOE, PP, IU y PA. Según los interventores, ediles del GIL cobraron "indebidamente" hasta 200 millones de pesetas por asistir a comisiones de coordinación de las sociedades municipales, que "nunca" llegaron a reunirse; aunque para el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, las cuentas muestran "un conjunto de irregularidades que van más allá del cobro de estas dietas a través de comisiones inexistentes".

El edil aludió a los resultados de un informe provisional realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la fiscalización de los aprovechamientos urbanísticos de Estepona entre los años 1997 y 1998, en el que se describen todo tipo de anomalías, que van desde "el pago de trampas de empresas con bienes del Ayuntamiento y la transferencia de subvenciones no autorizadas", hasta el falsear las cuentas de las sociedades para evitar su disolución.

Pero los 200 millones por asistencia a comisiones no es el único ingreso que los cargos del Grupo Independiente Liberal percibieron durante la gestión de Jesús Gil Marín. Francisco Zamorano, aseguró ayer que además de esa cantidad, los ediles gilistas "cobraban un sueldo del Ayuntamiento por dedicación exclusiva", e incluso algunos "crearon empresas propias que facturaban a su vez a otras sociedades municipales por servicios realizados".

Zamorano defendió la "profesionalidad" de los auditores externos contratados por el Ayuntamiento, cuyos nombres recordó figuran en el Registro Nacional de Auditorías. Frente a las críticas del portavoz del GIL, que le acusó de "faltar a la ética" al facilitar a la prensa el informe antes de hacerlo oficialmente, insistió en que las cuentas municipales deben ser "absolutamente públicas", aunque explicó que el documento fue puesto a disposición del partido de Jesús Gil antes de sacarlo a la luz.