Recuenco denuncia que el 38% de los contratos son eventuales

La Comunidad Valenciana es líder en precariedad laboral, según denunció ayer en Alicante Rafael Recuenco, secretario general de UGT del País Valenciano. Recuenco dijo que la temporalidad en el empleo en la Comunidad supera en cinco puntos la media nacional y alcanza al 38% de los contratos firmados. La consecuencia de esta característica del mercado de trabajo es el elevado índice de siniestralidad laboral que, según UGT, es superior, en este caso en cuatro puntos, a la media estatal.

Recuenco, junto a otros dirigentes de UGT, entre ellos Antoni Ferrer, secretario de Acción Sindical, participó ayer en Alicante en una asamblea de la comisión ejecutiva con delegados del sindicato. El secretario general de UGT subrayó que la precariedad laboral es más grave en el caso de los jóvenes, segmento donde el 70% de los contratos son eventuales.Por su parte, el secretario de Acción Sindical reclamó al Gobierno que presione a la patronal para que agilice el diálogo social. "Si el ejecutivo actúa unilateralmente, el sindicato responderá con contundencia, ya que no es posible que se intente imponer una reforma laboral contra la voluntad de los trabajadores y del movimiento sindical", dijo Ferrer.

En opinión del dirigente ugetista, hasta ahora el diálogo y la negociación social han dado buenos resultados y han generado un clima de confianza ante los inversores. "Además, ha servido al Gobierno y su presidente, José María Aznar, como tarjeta de presentación ante la Unión Europea y el resto de países", argumentó.

En cuanto a la negociación colectiva para este año, Ferrer resaltó que la primera dificultad es la falta de credibilidad de las previsiones de inflacción del Gobierno. "Con el 2% que el Gobierno pretende imponer como referencia tope de la evolución de los precios, lo que en realidad persigue es un recorte salarial del conjunto de los trabajadores", dijo Ferrer. "UGT va a solicitar incrementos superiores al 2% para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores", añadió.

Según datos facilitados por Ferrer, la negociación colectiva afecta a 2.200.000 empleados públicos, a 8.500.000 trabajadores del sector privado y al millón de ciudadanos cuyos ingresos están sujetos al salario mínimo interprofesional. En este último apartado, Ferrer aseguró que tanto UGT como CC OO van a exigir que el salario mínimo se fije en las 100.000, es decir 1,5 millones de pesetas brutas al año.

El sindicalistas destacó el positivo ritmo del crecimiento de la economía española, pero criticó que esta mayor creación de riqueza no se está redistribuyendo equitativamente. "Las empresas tienen notables beneficios, pero éstos no se redistribuyen", explicó.

A juicio de Ferrer, esta bonanza económica se ha de aprovechar para introducir mejoras en el sistema de protección social, el acceso a la jubilación anticipada y garantizar la solvencia financiera de la Seguridad Social. En este terreno, el secretario de Acción Sindical de UGT cuestionó que el Gobierno esté destinando el aumento de ingresos de la Seguridad Social al único objetivo de alcanzar el déficit cero y el equilibrio presupuestario.