El Gobierno y las diputaciones pactan una nueva reforma del IRPF que costará 25.000 millones

El Órgano de Coordinación Tributaria, que reúne al Gobierno y las diputaciones, alcanzó ayer un acuerdo para modificar la normativa del IRPF, un cambio que supondrá una rebaja fiscal para asalariados, familias y minusválidos. El coste de la reforma ascenderá a 25.000 millones de pesetas, según fuentes del Ejecutivo. Esta rebaja se produce tras el primer ejercicio fiscal de la nueva normativa, aprobada en 1999, y que se ha materializado en la campaña de la Renta de este año. El acuerdo precisa ahora la aprobación de las Juntas Generales de los tres territorios, lo que se lograría con los votos de PNV-EA y PP, que gobiernan en minoría en Vizcaya y Guipúzcoa (los nacionalistas) y en Álava (PP).

Deducciones

Con vistas a esta reforma del IRPF, las haciendas vascas tienen previsto también realizar en 2001 una modificación a la baja en la tabla de retenciones. El cambio entraría en vigor el año próximo, por lo que la nueva redacción del impuesto deberá ser aprobada en las Juntas Generales de cada territorio antes de que finalice este ejercicio.La minoría en que gobiernan los nacionalistas en Vizcaya y Guipúzcoa y el PP en Alava les obligará a negociar con otros grupos junteros la aprobación de la medida. Aunque no se ha cerrado un acuerdo de voto entre populares y nacionalistas, se espera que ambos partidos voten en los tres territorios medidas que impulsan en las diputaciones que gobiernan.

La rebaja impositiva, cuyas cifras concretas adelantó ayer el diario económico Expansión, provendrá de una bonificación en la base imponible para los rendimientos del trabajo, bonificación que aumentará en 70.000 pesetas. En este sentido las rentas inferiores a 1,25 millones de pesetas anuales tendrán una bonificación de 695.000 pesetas (frente a las 625.000 actuales); las rentas comprendidas entre 1,25 millones y 2,5 millones, tendrán una bonificación que oscilará entre las 420.000 pesetas y las 695.000 pesetas, y para las rentas de más de 2,5 millones la bonificación será de 420.000 pesetas (frente a las 350.000 actuales).

También se establecen mayores deducciones en la cuota por descendientes, en especial por el tercer y cuarto hijo. La reducción por el primer hijo ascenderá a 65.000 pesetas, la del segundo llegará a 80.000 y las del tercero y el cuarto y siguientes serán de 120.000 y 150.000 pesetas, respectivamente. La reforma incluirá a la vez mayores deducciones por el sostenimiento de personas con minusvalías, en función de su grado.Por otro lado, el grupo del PP en las Juntas Generales de Álava ha presentado una proposición de norma foral para que se modifique la normativa fiscal y se elimine el costo que tienen los actos jurídicos documentados al establecer y al cancelar una hipoteca cuando se adquiere una vivienda. Esta propuesta, que también la han presentado los grupos populares de Vizcaya y Guipúzcoa, fue considerada ayer por el Ejecutivo foral alavés, según confirmó el diputado general, Ramón Rabanera.

Según explicó al término de la reunión del Consejo de Diputados el titular de la Hacienda de Álava, Juan Antonio Zárate, se trata de eliminar, "intentando colaborar en la reducción del precio de la vivienda, ese coste añadido que tiene prácticamente todo el mundo que, para adquirir una vivienda, recurre a un préstamo hipotecario".

Zárate añadió que es el 0,10%, una cantidad de pequeña importancia, pero que algo contribuye cuando se está hablando de unos cuantos millones de pesetas.

El Consejo de Diputados alavés entendió considerar "no procedente" la tramitación de una propuesta peneuvista en la que solicitaban medidas tributarias para la agricultura. Zarate explicó que esta consideración obedece a dos motivos; por un lado una razón de fondo, y es que Hacienda está en estos momentos manteniendo negociaciones con la UAGA para establecer alguna modificación en la normativa, fundamentalmente por la subida de los hidrocarburos. En este sentido, añadió que dichas negociaciones van en sentido distinto a la propuesta del PNV.

Asimismo, el Ejecutivo recurrió a una cuestión de forma ya que "parece más lógico que en lugar de hacer una norma foral, sería mejor que las medidas que se acuerden se encajen o bien en la norma foral ya existente de medidas para la agricultura, o bien en las normas sustantivas del IRPF o del Impuesto de Sociedades".