El Gobierno catalán inspeccionó a UGT tras sus críticas por el 'caso Pallerols', según un diputado

"Olvidar el asunto"

Rañé aseguró ayer a este diario que en 1998 "la dirección de UGT fue llamada a la sede del Departamento de Trabajo en la calle de Sepúlveda de Barcelona para comunicarle que se iba a investigar al centro de formación del sindicato. Rañé, que hasta hace cuatro años fue dirigente de UGT, evitó dar nombres de los asistentes a esa reunión tanto por parte del Gobierno catalán como de la dirección de la central sindical. En aquel momento era consejero de Trabajo Ignasi Farreres, actualmente presidente del consejo nacional de Unió Democràtica.El diputado socialista, que es el responsable de la cartera de Trabajo en el gobierno en la sombra que ha nombrado Pasqual Maragall, aseguró que tras aquella entrevista el Ejecutivo catalán "revisó todos los expedientes de los cursos impartidos por el sindicato".

Rañé dijo que el Departamento de Trabajo "empezó a poner pegas" y a discutir la validez de la firma de una de las asistentes a los cursos de UGT "hasta que quedó acreditada notarialmente la asistencia a este curso" subvencionado por la Generalitat. El diputado también dijo que los informes que presentó cuando era dirigente de UGT denunciando "el descontrol en la gestión de los fondos de empleo" eran contestados por Trabajo "con recomendaciones de olvidarnos del asunto".El diputado añadió que a raíz de sus críticas a la gestión de los fondos de empleo del Gobierno catalán, éste también envió inspectores para que efectuaran comprobaciones en los centros de formación de algunos ayuntamientos como los de Cornellà y Barcelona, ambos gobernados por la izquierda.

Los cursos para formación de parados están cofinanciados por la Comisión Europea. Ésta ha suspendido la entrega al Gobierno catalán de 10.136 millones de pesetas correspondientes básicamente a las ayudas de 1998 y especialmente de 1999 hasta que no se aclaren las irregularidades que investiga el juzgado. La Comisión Europea ha recibido ya las explicaciones de los gobiernos central y catalán sobre el reparto de estos fondos. Con todo, la propia comisaria de Empleo comunitaria, Anna Diamantopoulou, ha afirmado que no tomará una decisión definitiva sobre este caso hasta que el juez encargado del asunto acabe su investigación.

El Ejecutivo catalán también ha decidido someter a revisión las cuentas de los centros de Fidel Pallerols. La investigación de las cuentas será doble. Por una parte, la Intervención General del Departamento de Economía comprobará los estados contables de las empresas de Pallerols. Por otra, se pretende que también intervenga la Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas de la Generalitat y que depende del Parlament.

Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya ha solicitado acceso a los informes de los técnicos del Departamento de Trabajo acerca de las academias de formación, en total 800 centros. Estos informes se referían a la calidad de las instalaciones de las academias y el cumplimiento de otras normas básicas de funcionamiento, aunque no eran vinculantes en el momento de decidir a quién se financiaba para que impartiera los cursos a los desempleados.

Por otra parte, Josep Niubó, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que instruye el caso Pallerols, reclamó ayer la denuncia que el militante de Unió Josep Vergés ha presentado al fiscal por presunto uso indebido de los fondos de empleo en beneficio de la trama organizada en su propio partido.

El consejero de Trabajo, Lluís Franco, viajó ayer a Bruselas con intención de entrevistarse mañana con la comisaria Anna Diamantopoulou, que fue quien ordenó la suspensión de la entrega a la Generalitat de los fondos de formación ocupacional. Franco quiere defender que al margen de los casos denunciados se ha llevado a cabo un buen uso de los fondos para la formación de parados.

El Gobierno catalán pretende que la suspensión de los fondos se limite sólo a los 440 millones de pesetas afectados directamente con los casos Pallerols y Méndez, este último otro grupo de academias sobre el que se investigan supuestas irregularidades.