Farmacia y servicio al ciudadano Carmen Peña López

Los farmacéuticos nos hemos encontrado con un Real Decreto Ley, norma jurídica que la Constitución española reserva para casos de urgente necesidad, que afecta al actual modelo de farmacia. Nuestra respuesta de unidad manifestada en el cierre del pasado 11 de julio tuvo su origen en dos motivos. En primer lugar por la defensa de la farmacia española, que satisface las necesidades de los ciudadanos, funciona razonablemente bien y garantiza a todos los habitantes de nuestra compleja geografía la accesibilidad al medicamento y la proximidad a una farmacia, y en segundo lugar por la imposición de unas medidas con total ausencia de diálogo con el Gobierno. En ningún caso nuestra actitud se ha basado en motivos económicos.Simplificar los problemas, sin querer asumir la realidad, no es buena solución, porque a la larga todo se acaba complicando. La defensa de un modelo de farmacia está justificada porque la salud es un derecho que nos afecta a todos. La farmacia es un establecimiento sanitario privado, pero de interés público, un lugar donde se dispensan medicamentos y que forma parte del Sistema Nacional de Salud. El modelo de farmacia que tenemos en España aporta una serie de ventajas al ciudadano. Hoy en día, el 98% de la población tiene una farmacia en su lugar de residencia. En muchos lugares, el farmacéutico no es el profesional sanitario más cercano a la población, es que es el único y hasta que no falte no lo echaremos de menos. La farmacia que tenemos garantiza la inmediata accesibilidad al medicamento y la igualdad de precio en todo el territorio. Sería injusto que un analgésico le costara más a un habitante de una aldea que al de una gran ciudad. Cada día, sea Nochebuena o Carnaval, hay miles de farmacias de urgencia que, sin incrementar el precio, están abiertas a cualquier hora para atender al ciudadano. Por último, pero ante todo, la farmacia española ofrece la profesionalidad del farmacéutico y su consejo. Una de cada cuatro personas que entran a una farmacia para adquirir un medicamento se marcha sin comprar nada, pero recibe un consejo sanitario. Esto es debido a que el farmacéutico fomenta un uso racional del medicamento, nunca lo contrario.

Frente a todo esto, el Gobierno ha aprobado unas normas que introducen descuentos en los medicamentos, como si fueran una mercancía. Se han olvidado de que en realidad son instrumentos de salud, y por tanto deben ser usados racionalmente, no se puede fomentar su consumo a través de políticas de ofertas. Además el farmacéutico no interviene en el precio de los medicamentos. En el caso de las especialidades publicitarias, éste lo establecen los laboratorios y lo comunican a la Administración. Y esto es así porque de otra manera podría existir interés en dispensar más una especialidad que otra, en aconsejar con la que más se gane, y esto no es así.

Hay medidas para recortar el gasto, pero no pasan por deteriorar el servicio. Los farmacéuticos estamos trabajando en una correcta política de genéricos, en la implantación de la tarjeta sanitaria, en la puesta en marcha de los equipos sanitarios multidisciplinares, en campañas de prevención de enfermedades y apostando por un uso racional del medicamento. La Administración sabe que los motivos del aumento del gasto en medicamentos son, entre otros, la deficiencia en la atención primaria, las listas de espera, el envejecimiento de la población, los nuevos productos de los laboratorios que cada vez son más eficaces pero también más caros. No se puede engañar a la opinión pública haciendo responsable de este aumento a los farmacéuticos.

Todo es mejorable, y por supuesto el actual modelo de farmacia también y nuestra obligación es trabajar en ello. Pero la política del Gobierno no beneficia al ciudadano, sino a las aspiraciones de las grandes empresas de introducirse en un sector en que se vende, se dispensa. El gran capital nunca abrirá una farmacia en lugares inhóspitos, en barrios conflictivos o con muy baja densidad de población, ni se preocupará de un consumo racional del medicamento, sino que su máxima prioridad será hacer más rentables sus inversiones.

Según la Organización Mundial de la Salud, España tiene el séptimo mejor sistema sanitario del mundo y en esa calificación el modelo de farmacia tiene su importancia puesto que es un servicio de los mejores de la sanidad. De seguir la política iniciada, en los próximos años, seguramente descenderemos unos cuantos puestos. Los farmacéuticos estamos ofreciendo nuestra colaboración a las autoridades sanitarias para adoptar las medidas necesarias para contener el gasto y evitar que el sistema se deteriore, pero nunca a costa del servicio que recibe el ciudadano..

Carmen Peña López es secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos