El Gobierno bloquea con trabas burocráticas la devolución del patrimonio incautado al PSOE

Dos años después de la aprobación de la ley de restitución a los partidos por la incautación de su patrimonio tras la guerra civil, los principales afectados por esta ley, PSOE y PNV, aún no han recibido una peseta. De los 535 expedientes presentados por el PSOE, sólo uno ha logrado la aprobación del Consejo de Ministros, con la salvedad de que tiene que pagar al Estado las mejoras introducidas, previo a la recuperación del inmueble. El Gobierno admite que el reglamento, que siguió cuatro meses a la ley, se aplica de modo "muy restrictivo". El PSOE amenaza con acudir a los tribunales.

La ley de restitución de los bienes incautados tras la guerra civil, de diciembre de 1998, fue consecuencia del pacto logrado en mayo de 1996 entre el PP y PNV para la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno. Fue el propio Aznar quien tuvo especial interés en introducir este proyecto en el acuerdo con los nacionalistas para "cerrar una etapa". Así, el Consejo de Ministros lo vendió como un "acto de justicia histórica". Eran otros tiempos para las relaciones entre el PP y el PNV.Dos años después de la aprobación de la ley, el PNV no ha visto una peseta. Pero tampoco el PSOE, principal beneficiario de la misma por el enorme patrimonio inmobiliario de que disponía cuando estalló la Guerra Civil y que, según sus cálculos, supera los 15.000 millones de pesetas.

El PSOE, tras la aprobación del reglamento, en abril de 1999, presentó 535 expedientes de reclamación a la Administración. Sólo siete se refieren a cuentas corrientes. Dichas reclamaciones han sido respondidas por la Administración con numerosas trabas burocráticas.

- Reclamación de documentación. El PSOE reclamó a la Administración la documentación que consta en sus archivos sobre incautaciones para poder determinar los bienes que le fueron requisados por el Estado franquista ya que la documentación de los partidos se encuentra dispersa, extraviada o destruida. "La petición era razonable, si se tiene en cuenta que el Estado franquista incautó inmuebles, muebles y documentos. De modo que la única forma de determinarlos con exactitud es acceder al inventario de la Admnistración y su documentación complementaria", señala el representante jurídico del PSOE, Enrique Linde. La reclamación fue denegada.

- Acceso de los archivos. Una vez denegada la reclamación, el PSOE trató de acceder al inventario de las incautaciones, radicado en el Archivo de la Administración del Estado, en Alcalá de Henares. "La Administración sigue una política de obstaculización permanente. El sistema de acceso a dicho archivo no se ajusta a lo que dice la ley de 1998. Sólo nos ofrecen diez legajos al día. Si se pretende acceder directamente a los documentos, se nos niega dicho acceso. Si se pide el inventario se nos requiere la signatura del documento. Pero como no conocemos la signatura, no podemos acceder a él", relata Linde.

El representante del PSOE remata: "Se exige al incautado que acredite qué inmuebles le fueron incautados cuando toda la documentación sobre ellos obra en poder de la Administración y ésta no la facilita al incautado".

- Dudas sobre la titularidad del PSOE. Como resultado de las primeras reclamaciones del 22 y 23 de octubre de 1999, la Dirección General de Patrimonio cuestiona que el PSOE actual sea sucesor del que fundó Pablo Iglesias en 1879. Dicha dirección general pide al PSOE, en un texto del 9 de diciembre de 1999, que "acredite por los medios que estime pertinentes la sucesión o identidad entre el partido que sufrió la incautación en 1936-39 y el hoy inscrito en el Ministerio del Interior como PSOE, de forma que se acredite que se trata del mismo partido reconstituido".

En esas condiciones, el PSOE tiene que recurrir a la Internacional Socialista (IS) para que le avale ante la Administración española. El secretario de la IS, Luis Ayala, redactó un acta el 22 de diciembre de 1999que dice: "El PSOE fundado por Pablo Iglesias, del que hoy es secretario general Joaquín Almunia, es miembro de la IS, en la que se registra su participación desde la fundación de la IS en París en julio de 1889. A la IS tan sólo ha pertenecido, representando al socialismo español, el PSOE".

- Vinculación entre el PSOE y las sociedades obreras o casas del pueblo. La Dirección General de Patrimonio cuestiona que las sociedades obreras y casas del pueblo formen parte del PSOE. Se ampara en que los bienes de dichas sociedades no figuran a nombre del partido y le exige que acredite su vinculación con "la documentación que posea relativa al estado físico de los edificios en el tiempo de la incautación". Los socialistas, en sus reclamaciones, habían demostrado esa vinculación con la participación de dichas sociedades en los Congresos del PSOE de la época y con relaciones de pago de cuotas. "Es bien sabido que las sociedades obreras formaban parte del PSOE. Pablo Iglesias descentralizó la titularidad para cubrirse ante una eventual represión del poder. Las solicitudes acreditan la incautación, la titularidad y la pertenencia del bien al PSOE o la integración o la vinculación de la sociedad obrera o la casa del pueblo al PSOE", dice Linde. "El caso de la Cooperativa Socialista Madrileña es paradigmático, añade. Dicha cooperativa establece en sus estatutos que en caso de disolución sus bienes irán a parar a partes iguales a la agrupación de Madrid y a la Ejecutiva Federal. Pese a una prueba tan evidente, la Administración estima que la cooperativa no estaba integrada en el PSOE y se niega a restituir sus bienes, incluida su cuenta de más de 7 millones de la época".

- El expediente de Barruelo de Santullán. Es el único caso resuelto. El Consejo de Ministros decidió la restitución a partes iguales al PSOE y UGT, pero la condiciona al abono al Estado de las reformas en el inmueble, que corrieron a cargo del Ayuntamiento, de los fondos europeos y los de la Junta de Castilla y León. Tampoco puede ocuparlo el PSOE porque el Estado ha cedido el mismo al ayuntamiento por 15 años.

- Las declaraciones juradas. La Administración rechaza como prueba las numerosas declaraciones juradas de ancianos sobre la vinculación del PSOE con inmuebles que le servían de sede durante la incautación con el argumento de que "quien hace las alegaciones probablemente tendrá interés en que la solicitud prospere".