El Ejecutivo admite que el reglamento es "muy restrictivo"

"Estupor"

El Gobierno admite la interpretación restrictiva que está haciendo de la ley de restitución a los partidos de diciembre de 1998, amparándose en el reglamento aprobado cuatro meses después, en abril de 1999. El subsecretario de Hacienda, Rafael Catalá, de quien depende la Dirección General de Patrimonio, señala que dicho reglamento exige o la prueba del título de beneficiario del partido reclamante o, en caso de no tenerla, de la vinculación entre la persona jurídica titular en el momento de la incautación de los bienes o derechos que se reclaman y el partido solicitante. "Es un reglamento muy restrictivo. Y, además, es muy complicado aplicarlo, al referirse a unos hechos ocurridos hace 60 años. Faltan títulos jurídicos. No hay contratos. Los expedientes están cogidos con alfileres. En el caso del PSOE, además, se solapa con el patrimonio sindical de UGT".El subsecretario de Hacienda dice que en la Dirección General de Patrimonio constan 2.190 reclamaciones, referentes a 13 partidos. De ellas, unas 3.000 son de inmuebles; 1.000 de cuentas corrientes y 600 de arrendamientos. El plazo de resolución de los expedientes se ha prorrogado hasta julio de 2001. Catalá precisa que en los Presupuestos de 2001 se ha habilitado una partida de 445 millones de pesetas para este capítulo de las restituciones que podría ser ampliable.

Los socialistas expresan su "estupor" por las trabas del Gobierno, que achacan a "una actitud vengativa derivada de su ruptura con el PNV, al que quieren castigar, y con él a todos los beneficiarios de la ley, como el PSOE", señala su portavoz parlamentario, Jesús Caldera. Por la información de que disponen, 120 de los 535 expedientes han sido rechazados; cinco, de muy poco valor, serán aceptados y el resto están en tramitación "con escasas posibilidades de futuro".Caldera explica que en los 14 años de Gobierno socialista, su partido no quiso reclamar el patrimonio que se le incautó durante la Guerra Civil para evitar "malas interpretaciones". "Cuando en 1996 el PP ganó las elecciones y se comprometió a su devolución nos pareció una decisión justa porque tenía un sentido de reconciliación y nos la creímos", argumenta Caldera. El portavoz socialista cree que la única explicación "al cambio de actitud que ha adoptado el Gobierno del PP con todas las trabas que está poniendo a la aplicación de la ley" responde "al cambio en sus relaciones con el PNV, que fue con quien primero pactó el compromiso de devolución en 1996". "Cuando se llevaba bien con el PNV firma el acuerdo y ahora que se lleva mal lo incumple, basándose en dificultades administrativas".

Caldera estima que este asunto "evidencia, una vez más, el modo de hacer política el PP. Cacarea y vende a todo tren un pacto y cuando llega la hora de la verdad escurre el bulto". El portavoz anuncia que, de seguir las dificultades, el PSOE recurrirá a los tribunales.