El alcalde de Algeciras recurrirá a los tribunales de Londres a través de un bufete británico y otro gibraltareño

El alcalde de Algeciras, Patricio González, se ha comprometido con un bufete de abogados de Gibraltar y otro del Reino Unido a conseguir los fondos necesarios para hacer frente a los gastos de un proceso judicial contra el Ministerio británico de Defensa con el que consideran que se podrían paralizar las obras de reparación del Tireless y las de los otros 11 submarinos de la Royal Navy que están siendo examinados en Devonport ante la sospecha de que tengan fallos en los sistemas de refrigeración de sus reactores nucleares.El bufete gibraltareño Hassan y el colectivo británico Public Interest Lawyers calculan que serían necesarias unas 25.000 libras esterlinas (alrededor de 7.200.000 pesetas) para poder pagar los gastos de un proceso contra una enemigo tan complicado y poderoso como el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Además, el dinero lo tienen que conseguir muy rápido, ya que, tal y como aseguraba a mediados de la semana pasada Phil Shinner, uno de los integrantes de Public Interest Lawyers, han calculado que, según las leyes británicas, en unos días se les acaba el plazo legal para recurrir la decisión de reparar el submarino.

Tanto los gibraltareños como el grupo británico representan a pequeños grupos o a individuos, por lo que se les hace imposible conseguir esta suma y han decidido ponerse en contacto con los alcaldes y los representantes del Campo de Gibraltar para ver si así pueden juntar el dinero. Por el momento, el alcalde de Algeciras ya les ha ofrecido su colaboración económica y, aunque no se ha comprometido a sufragar la totalidad de lo necesario, sí ha dicho que intentará que otros municipios e instituciones del Campo de Gibraltar se involucren en este tema. El propio González presentó una denuncia a título personal en los juzgados de Gibraltar hace dos semanas, aunque, según fuentes jurídicas de la colonia, tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que se ciñe poco a las exigencias y peculiaridades del sistema de justicia británico, del que mana el del Peñón.

El apoyo proveniente del lado español se limitaría entonces al aspecto económico. Todo lo que relacione intereses gibraltareños y españoles debe ser tratado con extremo cuidado para no herir sensibilidades. Desde Hassan se aseguraba ayer, en una conversación telefónica, que les llena de satisfacción el apoyo económico a esta causa, pero no dejaron de subrayar que el hecho de que el dinero provenga de instituciones públicas del Campo de Gibraltar no implica que los bufetes representen a éstas en el caso.

Un representante del bufete gibraltareño insistió en que sus clientes siguen siendo los pequeños grupos sociales y relacionados con la defensa del medio ambiente que le contrataron en un primer momento y que la contribución económica del lado español es una colaboración necesaria y pertinente frente a un problema común. También insiste en que no se trata de ser desagradecidos, pero subraya lo delicado de estos temas y la necesidad de que una oportunidad como esta no se aborte por recelos atávicos.