EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

El autor afirma que los sistemas complementarios de pensiones en Europa, y especialmente en España, son todavía exiguos y que es necesario un esfuerzo para desarrollarlos en los próximos diez años.

Hace diez años, el 2 de noviembre de 1990, a las 23.59 de un viernes, por cierre del registro el sábado día 3, se inscribía en la Dirección General de Seguros el primer plan de reequilibrio, por tamaño, de los planes de pensiones del sistema de empleo de España. Lógicamente, correspondía a la primera empresa española: Telefónica de España, que transformaba la parte complementaria de su Institución Telefónica de Previsión en un plan de pensiones del sistema de empleo. A la vez, integraba en el Régimen General de la Seguridad Social su sistema de pensiones, hasta entonces autónomo desde la posguerra. La integración en el recién inaugurado sistema de planes de pensiones profesionales españoles de Telefónica, Hidrola, el Banco de Sabadell, varias cajas de ahorro medianas, Ibercaja entre ellas, revalidaba, en la incertidumbre de cualquier principio, la ley que Carlos Solchaga había presentado ante el Pleno del Congreso de los Diputados en el año 1986. Fue realmente un revulsivo. El reciente ingreso en la CEE nos creaba la obligación y necesidad de desarrollar instrumentos tradicionales en el resto de los 12 Estados miembros: el segundo pilar de la protección social, en el caso español mezclado con el tercero: individual.Todavía puede leerse en la exposicion de motivos de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones que la misma es un nuevo instrumento en la línea de lo comentado anteriormente. Su objetivo es facilitar el bienestar futuro de la población retirada y la importancia que su implantación puede y debe implicar en el orden financiero, en su estímulo del ahorro a largo plazo.

Realmente ha sido la Unión Europea, el impulso para el desarrollo de los planes de pensiones de empleo en España. Primero fue el Plan General de Contabilidad de 1990 y su inexcusable Provisión por Compromisos por Pensiones de las Empresas, adaptándonos de esa forma a la IV Directiva de Contabilidad. Ese proceso se había inaugurado en el primer momento de la integración en la CEE, en 1986, con las circulares del Banco de España sobre el particular. Fue realmente el fin de los mohicanos españoles, de los defensores de que los compromisos por pensiones eran una expectativa y no exigían reflejo contable en las cuentas anuales de las sociedades. El segundo impulso vino de la obligatoria exteriorización de los compromisos, también basada en una directiva comunitaria, iniciado desde el Gobierno socialista y ratificado posteriormente por el Partido Popular, en febrero de 1998, en la declaración del Congreso relativa a la recomendación 14 del Pacto de Toledo sobre los sistemas complementarios de pensiones.

De esta forma han ido transcurriendo los años desde los 377 planes de empleo registrados en 1990, con 176.115 partícipes, hasta los 1.112 de 1999, con sólo 361.934 partícipes de más de 10 millones de asalariados. Esa cifra no alcanza los más de 500.000 trabajadores, que en sus convenios colectivos de empresa tienen compromisos de pensiones por jubilación de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En resumen, el inacabado proceso desarrollado hasta la fecha ha consistido en una reestructuración, modernización y racionalización de los compromisos por pensiones que teníamos en los años setenta, instrumentándolos en planes de pensiones del sistema de empleo y seguros colectivos de vida en los casos de rentas de pensionistas o prejubilados. No ha habido ninguna extensión significativa de los sistemas complementarios y profesionales de pensiones. Se está poniendo en orden lo que los convenios colectivos de finales de los sesenta y principios de los setenta incluyeron ante las incertidumbres que la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1966 creó en los sindicalistas del régimen.

Pero el proceso de exteriorización tiene una importancia estratégica para el futuro de las pensiones en España. No solamente la exteriorización debe concluir en el ámbito de la negociación colectiva uniempresarial, hasta alcanzar esos 500.000 o 600.000 trabajadores con compromisos por pensiones en sus convenios o pactos de empresa, sino que tiene que iniciarse a más de 3.000.000 de trabajadores con compromisos por pensiones, muy pequeños, en la negociación colectiva supraempresarial. Este proceso no va a ser fácil.

El estado de su inmadurez queda reflejado en la reciente solicitud de aplazamiento de la fecha última de exteriorización, el 1 de enero próximo, planteada por CEOE, UGT y CC OO al Gobierno para que modifique el plazo establecido en la Ley de Planes y Fondo de Pensiones.

La ampliación del plazo de exteriorización, en su caso, debería de servir para algo más que dar un respiro temporal en el complejo proceso de exteriorización. Hemos visto cómo han evolucionado lentamente las cifras al nivel de empresa. La exteriorización de los compromisos por pensiones supraempresariales requieren de acuerdos interconfederales entre organizaciones de empresarios y trabajadores. Más de 700 convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, que afectan a más de tres millones de trabajadores, reclaman acuerdos que determinen los valores de las aportaciones definidas que equivalgan en el futuro a las prestaciones definidas hoy contempladas. Se requiere, al igual que ha ocurrido en el ámbito uniempresarial, que los antiguos compromisos sean extinguidos y sustituidos por las futuras situaciones, previsiblemente organizadas en planes de pensiones de promoción conjunta, todavía no inaugurados. En definitiva, debe hacerse lo posible para que la desconocida obligación de exteriorización sea sencilla para la pequeña y mediana empresa. El cumplimiento de la misma debería extinguir automáticamente las obligaciones contempladas en los convenios. No puede desarrollarse un proceso de exteriorización en el ámbito supraempresarial que sea a cuenta de la prestación definida prevista en el Convenio Colectivo.

Decimos que esta exteriorización es estratégica porque supondrá la base de la extensión de los sistemas complementarios y profesionales de protección social. Ello no será suficiente para los cambios estructurales que ha recomendado este verano el BCE en su primer informe sobre las expectativas de vida y los sistemas de pensiones en la Unión Europea. El BCE reclama la urgencia de ajustes, aprovechando la bonanza económica, porque vaticina un incremento, de 5 puntos del PIB en el gasto en pensiones hasta 2030 en toda la UE. Coincide en esta línea con el informe de Fundación Española de Estudios de Economía Aplicada, publicado a principios del verano. Vivimos más, hay que pagar pensiones durante más tiempo y por ello su valor actual crece. Es urgente empezar a destinar más recursos a la tercera y cuarta edad. El próximo informe del Comité de Política Económica de la Unión reflejará con detalle los déficit previstos en los sistemas de pensiones en cada país. Se iniciará así el desarrollo de las recomendaciones del Consejo Europeo de Lisboa, que reclama cambios estructurales en el objetivo de mantener la competitividad y el Estado de bienestar.

Alemania acaba de iniciar la puesta en práctica de esas recomendaciones. El objetivo fundamental es mantener las cotizaciones sociales en su nivel actual del 19,1% de los salarios, e incluso reducirlas ligeramente para no perjudicar la competitividad. Como los costes futuros del sistema de pensiones crecerán por el incremento de la esperanza de vida, se anuncia un recorte gradual, 0,3% por año, de las expectativas de pensiones a partir del 2011, hasta alcanzar una reducción en torno al 5% o 6% sobre el nivel actual: 69% del último salario. Junto a este rigor en las finanzas, recuérdese lo poco que tardaron los alemanes en trasformar los criterios de convergencia hacia el euro en pacto de estabilidad en los países de la Unión Monetaria, la reforma propone el inicio inmediato y paulatino de fondos de capitalización. Iniciándose en un 0,5% de aportación sobre los salarios anuales, hasta alcanzar el 4%, en el 2008, antes de que se empiecen a reducir las pensiones públicas en la forma descrita. En conclusión, se aumenta globalmente la financiación de las pensiones.

En España, los sindicatos deberían aclarar si están sólo por la exteriorización de los compromisos por pensiones o si se mantienen las voluntades de extensión de los sistemas complementarios y profesionales que se reflejaron en la Iniciativa Sindical Prioritaria de 1991 suscrita por UGT y CC OO. El segundo caso estaría en línea con la defensa de derivar incrementos salariales futuros a la complementariedad de las pensiones, permitiría reestructurar conceptos retributivos, especialmente los relacionados con la antigüedad, y se uniría a planteamientos declarados por el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el sentido de destinar incrementos salariales a la jubilación. Los objetivos de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones siguen manteniendo toda su vigencia. Las cifras demuestran lo exiguo de nuestros sistemas complementarios europeos, desarrollados más en unos países que en otros, y en el caso español, más en el ámbito individual que profesional. Los próximos diez años sigue habiendo mucho trabajo; mi recuerdo a todos los que han participado en estos últimos.