Una edil de Málaga declara que ignoraba que estaba sin hacer una obra que pagó

La ex concejal de Medio Ambiente y actual responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Málaga, Ana Rico, del Partido Popular (PP), reconoció ayer al juez que cuando ordenó pagar una obra por valor de 40 millones de pesetas en el paseo marítimo de Pedregalejo a la empresa mixta concesionaria del servicio de limpieza, Limasa, desconocía que no se había realizado, pese a que se había certificado como terminada. Rico afirmó que una comprobación de este tipo no entra dentro de sus atribuciones y que "para eso están los técnicos". La edil prestó ayer declaración durante algo más de dos horas en el juzgado de instrucción número 7 de la ciudad como imputada de presuntos delitos de falsedad, estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. A la salida el juzgado, Rico insistió en que todo este asunto no es más que una "cuestión administrativa" y que "en ningún caso ha existido perjuicio alguno para el Ayuntamiento" porque las obras en cuestión están realizadas.

En diciembre de 1999 Rico firmó tres certificaciones correspondientes a los servicios de limpieza y recogida de basura que tiene concedida la empresa Limasa, constituida por el Ayuntamiento y Fomento, en una de las cuales se incluían los 40 millones en cuestión por unas obras de conducción y boca de agua no potable para el baldeo de los paseos marítimos. La certificación, según Rico, le fue presentada para la firma por su secretaria, y venía ya rubricada por el jefe del servicio municipal de Limpieza, Julián Laguna, y por el gerente de Limasa, Javier Fuentes. Ambos están también imputados en el sumario que instruye el juez Pedro Molero de los mismos presuntos delitos que Rico.

La edil admitió que no hizo ninguna comprobación, que pensó que las obras estaban realizadas, y confesó que no tuvo conocimiento de que no era así hasta seis meses después, en junio de 2000, cuando fueron en verdad ejecutadas. Recordó que el Ayuntamiento abrió entonces un expediente para investigar lo ocurrido, pero que cuando el asunto llegó a los tribunales por una denuncia puesta por los tres concejales de Izquierda Unida (IU), lo servicios jurídicos municipales decidieron suspenderlo sin que diera tiempo a determinar posibles sanciones.

También justificó que estas obras fueran incluidas en una certificación ordinaria de Limasa porque entiende que se tratan de actuaciones para mejorar el servicio y que entiende que para una actuación así no era necesario un acuerdo de los órganos de la sociedad.

La concejal dijo que no conoce "relación contractual alguna" entre Limasa y Comupi, sociedad a la que la empresa de limpieza encargó la obra. La afirmación de Rico causó extrañeza a las partes acusadoras, Izquierda Unida y PSOE, toda vez que el apoderado de esta empresa, Juan Andrés Muñoz Pino, declaró el pasado 27 de octubre al juez que realiza trabajos para Limasa de forma habitual desde 1993, dos años antes de que Rico se hiciera cargo de la concejalía de Medio Ambiente, que dejó hace dos semanas para hacerse cargo de la de Cultura.

Preguntada por el juez, la concejal dijo desconocer si Limasa puede contratar obras de mejora del servicio con otras empresas y atribuyó el retraso en la ejecución de las obras "fundamentalmente a la ausencia de las autorizaciones pertinentes".

A la salida del juzgado, Rico optó por hacer ante los periodistas una crítica política y aseguró que cuando el PP llegó a la alcaldía en 1995 encontró una deuda con Limasa de 5.000 millones de pesetas y hoy no sólo está saldada, sino que las certificaciones se pagan puntualmente.