El fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz pide que se legalice el comercio de hachís

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Isidoro Hidalgo, y un grupo de fiscales de esta jurisdicción, abogan por un pacto internacional para legalizar el comercio de hachís. Defienden esta medida como fórmula para combatir el incremento del tráfico registrado desde la entrada en vigor del código penal de 1995 y la economía basada en el comercio de esta droga, llamada "narcobienestar" y a la que atribuyen graves fracturas sociales.

Sentencias dispares

Hidalgo declaró ayer que la propuesta no ha prosperado hasta ahora "porque no ha habido acuerdo con los demás países" y advirtió: "Un país no puede adoptarla, porque se quedaría solo frente a la agresión del tráfico de hachís". A su juicio, esta decisión "no tendría una trascendencia enorme para la salud de las personas, que es lo que se pretende proteger", y entiende que la legalización del comercio del cannabis es la medida más adecuada para poner fin a los problemas que se derivan de su venta ilegal.Hidalgo considera, además, que la legalización "deberá ir acompañada de otras medidas como la disminución de la producción y el consumo . "Favorecer sólo la libertad del consumo total aumentaría la demanda y no sería bueno", explicó.

La propuesta del fiscal se produce por los graves problemas sociales generados por el tráfico de hachís en varios municipios de la provincia de Cádiz. Los elevados ingresos provenientes de esta actividad ilegal han conducido a estas zonas al llamado "narcobienestar", un estado en el que se registran pocos delitos comunes y en el que la situación económica real es boyante por más que las cifras oficiales registren una elevada tasa de desempleo e indiquen la existencia de una economía deprimida.

El fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz lleva ya varios años reflejando en su memoria anual el efecto pernicioso que ha producido el Código Penal de 1995 en esta materia: las penas casi se han equiparado para los pequeños y los grandes traficantes que trabajan organizadamente.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado condenas de tres años de cárcel para dos jóvenes detenidos con dos kilogramos de hachís, y de cuatro años y medio para un industrial detenido por su relación con un alijo de 700 kilogramos de una red organizada de narcotráfico. El Código Penal prevé penas de tres años a partir de la intervención de un kilogramo de esta droga y un máximo de seis para los detenidos que trafiquen con más de una tonelada y tengan responsabilidad en alguna organización criminal.

La memoria de la Fiscalía de 1997 ya reflejaba que la provincia de Cádiz "continúa siendo el centro neurálgico del tráfico de hachís hacia el resto de España y Europa". El fiscal jefe calificaba de "ridículas" las penas que se aplican a los pequeños narcotraficantes y añadía: "Es más rentable traer desde Marruecos grandes cantidades de hachís, pues la pena a imponer va a variar poco". De hecho, el fiscal apreció un aumento "cuantitativo" de los cargamentos procedentes del norte de África desde 1995. La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo varias sentencias de la Audiencia Provincial de Cádiz con condenas consideradas muy bajas por el ministerio público.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, se sumó ayer a la propuesta de los fiscales de la Audiencia de Cádiz y recordó que lleva "años" pidiendo "la legalización de todas las drogas" y medidas contra el blanqueo de capitales y las organizaciones de narcotraficantes.