Pujol supo hace un mes que 9.000 millones de Trabajo llegaron a centros de Unió

Un militante de Unió que fue expulsado por emitir opiniones críticas con el partido denunció ante varios organismos de Bruselas y ante el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que un total de 9.000 millones de subvenciones para la formación de parados recalaron en centros vinculados a dirigentes y militantes de Unió Democràtica. El economista Josep C.Vergés compiló lo que desde su punto de vista es "un signo de corrupción" y lo detalló ante la Olaf (Organismo de Lucha anti Fraude), ante el Fondo Social Europeo y ante el propio Pujol.El portavoz oficial de Unió, Jordi Casas, manifestó ayer que estas denuncias son irrelevantes "porque son las de un particular, en este caso un expulsado del partido, que aclararán quienes las reciban el interés que tienen o cuánto tienen de verdad". Casas reiteró que el bloqueo de fondos por unos 9.500 millones de ayudas de 1999, corresponde al total que Bruselas debía pagar a Cataluña y que "los fondos que se bloquearán son los que corresponden a los tres casos de centros investigados judicialmente que son: el caso Méndez, el caso Pallerols y el caso Movilma".

La denuncia de Vergés expone que de los 9.000 millones de suvenciones relacionables con Unió, otorgadas a lo largo de varios años, un total de 2.696 millones están reacionadas con personas ligadas a Josep Antoni Duran i Lleida, el principal líder del partido democristiano.

Entre las firmas receptoras figuran: la Fundación Fecea, organizadora de viajes al extranjero de Duran (626 millones de ayudas a cursos de formación); el Centro de Estudios Ocupacionales de la Mujer (642 millones) que dirige Concepció Carrera, hermana de un diputado de UDC, y que pagaba un salario a una cuñada de Duran mientras trabajaba en el partido. También aparece Acción 90 (130 millones) que depende de Maria Pau Giménez-Salinas, hermana de la magistrada Esther Giménez-Salinas, elegida a propuesta de Unió como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Otro capítulo de la denuncia se refiere a los receptores relacionables con Josep Sánchez Llibre, secretario de organización del Unió Democràtica. Se trata de centros propiedad de antiguos socios suyos en actividades empresariales que ahora son empresarios de la formación de parados.Es el caso de Salvador Rovira (239 millones) y de Josep Górriz Aparicio (cerca de 500 millones en varios centros), ambos ex socio de Sánchez Llibre.