Salarios diferidos para la jubilación

Los planes de pensiones colectivos se abren camino con enorme lentitud. En los diez años de aplicación de la ley, que se cumplen mañana viernes, tan sólo 386.414 trabajadores y directivos han pactado con sus empresas un salario diferido a través de la prestación complementaria que recibirán a la hora de la jubilación o el retiro por invalidez. Con las negociaciones que se realizan en bancos y cajas de ahorros, el número total se situará en torno a las 500.000 personas, de una población asalariada de 11,5 millones.Se circunscriben a pactos colectivos logrados en antiguas empresas públicas y grandes compañías eléctricas, bancos, cajas de ahorro y Telefónica. El patrimonio total es de 2,13 billones de pesetas para el sistema de empleo. Una cifra reducida frente a los 3,88 millones de titulares de fondos de pensiones individuales (una figura diferente y que el titular contrata directamente con una entidad financiera) y que reúnen un patrimonio de 3,24 billones de pesetas, según datos del informe del segundo trimestre de este año de la patronal de fondos Inverco y de la Dirección General de Seguros.

Esa escasa implantación de los planes colectivos obedece a la resistencia de los empresarios ante el elevado coste que les supone este instrumento de prestación social complementaria. También se debe a que entre los ciudadanos no han prendido los mensajes que auguran la quiebra de la Seguridad Social pública y, además, para los sectores de población con ingresos medios y bajos es sencillamente imposible comprometer un salario diferido para un futuro lejano cuando deben pensar en el presente y en cómo llegar a fin de mes sin apuros. De hecho, la práctica mayoría de los 500.000 titulares de planes de pensiones tienen niveles salariales por encima del equivalente a la pensión pública máxima (en la actualidad 303.000 pesetas mensuales).

Ante esas dificultades, han tenido poco eco los reiterados llamamientos de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, para que una parte del incremento salarial negociado en los convenios se destine a previsión social complementaria. Un objetivo inalcanzable para quienes cobran 100.000 pesetas al mes y para un país con un salario medio bruto de 220.000 pesetas, que con los descuentos se queda en torno a 150.000 pesetas netas.

En los planes de pensiones en marcha, las aportaciones individuales más altas son las de La Caixa, Caja Madrid, Telefónica y Endesa. Caja Madrid, por ejemplo, aporta el equivalente a un 7% de la retribución fija del empleado más el 3% de la retribución variable. En el caso de La Caixa es parecida; en el de Telefónica algo más del 8%, y la de Endesa es la más alta y supone el 16% del salario. Eso supone que Caja Madrid aporta cada año 4.500 millones de pesetas para las futuras prestaciones de sus 11.000 trabajadores y La Caixa 5.000 millones de pesetas para una plantilla de 15.000 personas.

A la hora de la jubilación, el personal de esas empresas podrán tener una prestación mensual de entre 100.000 y 200.000 pesetas (al valor de hoy) procedente del plan de empleo y que se sumará a la pensión que reciban de la Seguridad Social, que en muchos casos estará en el tope máximo (303.000 pesetas es el vigente en la actualidad).

Los responsables sindicales de planes de pensiones Carlos Bravo (CC OO) y Jesús González (UGT) subrayan que el incremento potencial futuro de la previsión social complementaria está en los compromisos de cara a la jubilación que existen en las pequeñas y medianas empresas.

CC OO ha rastreado los convenios colectivos y ha detectado compromisos para la contingencia de jubilación en pequeñas y medianas empresas recogidos en 1.840 convenios y para un total de 3,2 millones de personas. Son los denominados premios de jubilación y lo más habitual es comprometer un pago único de entre tres y seis mensualidades a abonar cuando se produzca el retiro del trabajador. No hay datos sobre el patrimonio que pueden suponer y algunos cálculos indican que, de exteriorizarse en su totalidad (llevarlos a una gestora ajena a la empresa), sumarían entre 3 y 7 billones de pesetas.

Esos compromisos, al igual que los planes de pensiones, deben también exteriorizarse, bien mediante una póliza de seguro o a través de un plan de promoción conjunta. Sin embargo, ese proceso apenas ha comenzado porque la patronal CEOE venía sosteniendo que los premios de jubilación no son estrictamente compromisos de pensiones. Pero otros expertos sostienen que sí están obligados a externalizar, según se recoge en el artículo 7 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, y en las instrucciones preparadas por la Inspección de Trabajo.

Precisamente por el retraso en que se encuentra el proceso de exteriorización en las pymes es por lo que, de común acuerdo, las direcciones de la patronal CEOE-CEPYME y de los sindicatos CC OO y UGT han pedido al Ministerio de Economía y a los grupos parlamentarios que prorroguen el plazo que concluye el 2 de enero de 2001. Las empresas que no cumplan la exigencia de exteriorizar sus compromisos de pensiones se enfrentan a sanciones por falta muy grave, según la Ley de Infracciones del Orden Social, que prevé en ese caso multas de entre 500.000 pesetas y 15 millones de pesetas.