El concurso que se convirtió en subasta

Las operadoras de telefonía móvil que consiguieron licencias de telefonía de tercera generación (UMTS) el pasado mes de marzo -el concurso se resolvió dos días antes de las elcciones- muestran su sorpresa por la mala defensa que hizo el Gobierno del modelo elegido para la adjudicación. A su juicio, el Ejecutivo está intentando ahora, a la vista de los ingresos obtenidos en otros países, combinar las ventajas del concurso (que premia los compromisos de inversión, creación de empleo y despliegue de red) con los derivados de la subasta (mayor recaudación para el Estado a corto plazo). El resultado puede ser el retraimiento de las inversiones por la incapacidad financiera para afrontar los compromisos y la alternativa (las compensaciones que reclaman) tampoco apunta al mejor de los escenarios. En uno u otro caso, el mayor riesgo es que se creen desigualdades. Si se liberan compromisos o se incumplen los adquiridos, las compañías se volcarán en llevar su red UMTS (una tecnología con la que Europa pretende superar a EE UU en el uso de Internet, aunque no estará disponible hasta el 2001) a las áreas más ricas y rentables en detrimento del servicio universal.

En cuanto a las nuevas licencias, la clave está en el espectro disponible (la carretera por la que discurrirán las señales). Las operadoras con licencia aseguran que no hay más y que para dárselo a un nuevo entrante habría que expropiar el ya adjudicado con las consiguientes consecuencias legales. El Gobierno se ha limitado a señalar que no hay espectro para UMTS, pero sí para GSM-1800. La oposición dice que hay para dos licencias de ese tipo.