Las operadoras de móvil piden compensaciones al Gobierno por ampliar la competencia

Las operadoras de telefonía móvil presentarán batalla al Gobierno para conseguir compensaciones por la introducción de más competencia en el sector. Airtel, Amena y Xfera consideran que las medidas que mañana estudiará el Gobierno (concesión de nuevas licencias y la apertura de sus redes a otros operadores), unidas al incremento de la tasa por uso de espectro radioeléctrico, complican sus planes de negocio (el resultado de explotación para los próximos cinco años se reducirá hasta un 51%) y reclaman que se revisen sus compromisos de inversión y se les concedan ventajas fiscales.

Cambio de criterios

Las operadoras de telefonía móvil que ya prestan servicio con tecnología GSM-1800 (Telefónica, Airtel y Amena) y Xfera, que como las anteriores dispone de una licencia para explotar la telefonía móvil de tercera generación (UMTS), están dispuestas a llegar a los tribunales españoles y de la UE para evitar que se pongan en marcha las medidas propuestas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para introducir más competencia en el sector. Tratan de evitar, además, que se aplique el incremento de la tasa por el uso de espectro radioeléctrico recogida en los Presupuestos Generales para 2001. Por el momento, el departamento de Anna Birulés descarta conceder más licencias de UMTS (una tecnología que permite acceder a Internet desde el móvil, entre otras aplicaciones). Sin embargo, mantiene que es posible otorgar por concurso hasta dos nuevas licencias con tecnología GSM 1800, una generación anterior al UMTS, y aboga por abrir las redes existentes para que puedan ser utilizadas por los llamados "operadores móviles virtuales". Las propuestas serán discutidas mañana en el Consejo de Ministros y son suceptibles de sufrir alguna modificación.

Inestabilidad jurídica

Las operadoras, de las que se ha desmarcado Telefónica, consideran que las medidas vulneran las condiciones bajo las que se concedieron las licencias UMTS el pasado marzo, pero están dispuestas a acatar un reajuste del marco de competencia si el Gobierno las compensa reduciendo sus compromisos de inversión y con mejoras fiscales. Los costes de transición a la competencia (CTC) que se otorgaron en 1997 a las eléctricas (un billón de pesetas) son un precedente, a juicio de las operadoras. Las telefónicas reclaman la reducción de los compromisos de inversión adquiridos en el concurso (cercanos a cuatro billones de pesetas) y disponer de los avales que los garantizan. Además persiguen un mejor trato fiscal de la tasa por el uso del espectro (que se considere un crédito fiscal con cargo a beneficios futuros), modificar el devengo de la tasa para que se pague sólo a partir del uso real del espectro (a partir de agosto de 2001 como pronto) y que se introduzcan nuevas deducciones por inversiones en activos fijos y desarrollo tecnológico.

También reclaman que se anulen otros cánones fijados (impuesto ecológico, tasa de ocupación de los Ayuntamientos, tasa por servicios de telecomunicación...) y que el Gobierno no intervenga en la fijación de los precios y condiciones para prestar su red a terceros, si finalmente se autoriza su puesta en marcha.

En una primera valoración , las compañías consideran que su situación se ha visto "francamente deteriorada" por los cambios previstos. A su juicio, el Gobierno se ha dejado llevar por "la presión política y mediática surgida por el resultado de las subastas de licencias en Europa" y pretende introducir "cambios que condicionan el futuro de la telefonía móvil en España".

Para las operadoras, el incremento de la tasa (los titulares de licencias UMTS tendrán que pagar 100.000 millones anuales, 28,7 veces más que lo inicialmente previsto) hará que el coste de las licencias otorgadas por concurso en España (86.000 millones) resulte al final similiar al obtenido con la concesión por subasta en el Reino Unido (6,3 billones) o Alemania (8,4 billones) y superior al de Italia (2,02 billones). Subrayan que el mercado español ofrece un menor atractivo porque la renta per cápita de sus habitantes es menor y requiere, en cambio, mayores inversiones para poder dar servicio ya que la densidad de población es más alta y la orografía, más abrusta.

Según sus estimaciones, si se une una nueva licencia al incremento de la tasa se reducirá un 34% el beneficio de explotación (EBITDA, resultado antes de impuestos, intereses y amortizaciones) previsto por el sector para los próximos cinco años. Si se conceden finalmente dos licencias, el recorte será del 51%.

El informe elaborado para una de las operadoras añade que el incremento de la tasa y"la introducción de medidas adicionales hará peligrar seriamente los compromisos de inversión y creación de empleo, así como la velocidad de despliegue de las redes". Los estrategas de las compañías afectadas señalan que las medidas "truncan la viabilidad de los planes presentados en su momento por los adjudicatarios de las licencias" y tienen un efecto cualitativo por cuanto "se compromete el desarrollo de la sociedad de la información" y crean una inseguridad jurídica que puede acabar afectando a la credibilidad de España.No obstante, el impacto económico-financiero para cada operador es muy distinto y son los operadores de menor tamaño los más perjudicados. Hasta el punto de que algunos análisis retrasan dos años la entrada en rentabilidad de Xfera si se adoptan las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Eso explica por qué Telefónica, con casi un 65% del mercado, se desmarca del resto.