Álava plantea una reforma completa de la Ley de Aportaciones coincidiendo con el nuevo Concierto

La Diputación de Álava quiere reformar completamente la Ley de Aportaciones, que determina el reparto de recursos entre las diputaciones y Gobierno vasco, así como la contribución financiera de cada territorio a los gastos comunes. Álava se ha propuesto dos fases: una primera reforma de urgencia para el próximo ejercicio (2001) y una cambio total de la ley para 2002, fecha de caducidad de la norma y del Concierto. La diputación alavesa considera que la metodología de la ley no refleja la realidad económica de cada territorio a la hora de establecer su contribución.

Sobrevalorar el PIB

Aunque Álava es el más pequeño de los tres territorios en población, la configuración confederal de Euskadi hace que su peso sea en política y hacienda igual al de las otras dos provincias. En la Diputación alavesa gobierna el PP con el apoyo a conveniencia de los socialistas, fundamentalmente en presupuestos. En Vizcaya y Guipúzcoa, sin embargo, gobierna el PNV en minoría al romperse los acuerdos con EH. Al comienzo de la legislatura foral Álava era el territorio que se presentaba con mayores problemas de gobernabilidad, hoy son los otros dos territorios los que cuentan con problemas para aprobar sus presupuestos del próximo ejercicio.Así las cosas, la Diputación alavesa y el PP quieren aprovechar su posición para afrontar simultameamente la revisión de Ley de Aportaciones, que regula las relaciones financieras entre las diputaciones y el Gobierno vasco, y el Concierto Económico. Aunque ambas normas se refieren a dos ámbitos diferentes, el tiempo juega a favor de su pretensión. Tanto el Concierto como la Ley de Aportaciones caducan el 31 de diciembre de 2001 y deben ser renovados. Más allá de esta reforma global, el gobierno foral desea un cambio de urgencia de las aportaciones que utilice como referente la recaudación real de cada territorio a la hora fijarlas.

Grandes sociedades

La última reunión, el pasado 16 de octubre, del Consejo Vasco de Finanzas, que reúne a diputaciones y Gobierno vasco, marcó la salida de la Diputación alavesa en sus aspiraciones. Según Juan Antonio Zárate, diputado de Hacienda de Álava, el modelo actual "no mide la capacidad recaudatoria de cada territorio. Parte de una premisa falsa, que el Producto Interior Bruto (PIB) y la recaudación van en paralelo", señala. Sostiene Álava que, a la hora de calcular los llamados coeficientes horizontales - es decir, el peso específico que la economía de cada territorio tiene en el total de la comunidad-, la ley sobrevalora el PIB (su peso en la fórmula de cálculo es de casi un 70%), y deja poco margen para otros factores objetivos (número de matriculaciones de vehículos, participación de las rentas de trabajo, etc.).

"Mi PIB es igual si exporto o si no lo hago. Si vendiéramos todo lo que se produce en Álava en el mercado interior, con el actual sistema nadaríamos en la abundancia. Pero si nuestra economía mejora en tecnología y se hace más competitiva en el exterior, salgo peor parado", indica Zárate. El IVA de las exportaciones debe devolverlo cada hacienda en virtud del Concierto Económico. Dado que la economía alavesa es eminentemente exportadora -las ventas al exterior representan el 45% de su PIB-, el IVA exterior penaliza su recaudación.

La propuesta que hace la Diputación es que la futura ley acepte como aportaciones las cifras de recaudación que presenta cada provincia, de tal forma que no se produzcan distorsiones por los coeficientes horizontales que obliguen a acudir a algún territorio (este año Álava y Guipúzcoa), al llamado fondo de solidaridad. El modelo, dice, debe basarse en la "mutua confianza" entre las instituciones forales. En todo caso, Álava deja la puerta abierta a que otras instancias, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas o una firma privada, fiscalicen la gestión recaudatoria de las haciendas forales. Las llamadas auditorías de gestión ya supusieron hace casi dos años un punto de fricción entre las tres haciendas. Desde hace varios años, la Hacienda alavesa se somete a la fiscalización de una consultora independiente.

Para subrayar la necesidad de cambiar el modelo, Ángel Barrasa, director de Hacienda de Álava, esgrime que las grandes sociedades, como el BBVA o Ibedrola, por tener la sede social en un territorio, en este caso Vizcaya, no aumentan su PIB y, sin embargo, sí que incrementan su recaudación a través de los impuesto que gravan las actividades societarias, por ejemplo un ampliación de capital. De hecho, una de las preocupaciones de la Hacienda vizcaína es la salidad de la sede social de Iberdrola de su territorio tras la fusión con Endesa.El otro gran cambio de la ley afectaría a los llamados coeficiente verticales, que establecen los fondos que corresponden a las diputaciones y al Gobierno vasco. "El Gobierno ejerce las competencias que le dan el Estatuto y la Ley de Territorios Históricos, pero de hecho le sobra dinero con el que subvenciona a las diputaciones. Lo que hay que hacer es medir las competencias bien y calcular lo que corresponde", señala Zárate. El Gobierno recibe el 66,25% de la recaudación disponible tras pagar el cupo al Estado. Álava considera esta cantidad excesiva y cree que hay que rebajarla.