¿Precariedad contra temporalidad?

La reforma laboral que en 1997 pactaron los empresarios y los sindicatos quería dar respuesta a la necesidad de las empresas de una mayor flexibilidad laboral para hacer frente a la nueva situación de competencia. Esto permitiría generar mas empleo y -principal preocupación sindical- permitiría dar mas estabilidad a los contratos laborales. Hay que recordar que en esas fechas uno de cada tres trabajadores por cuenta ajena tenía un contrato temporal, normalmente de muy corta duración.Se negoció un nuevo tipo de contrato indefinido (fijo), subvencionado por el Gobierno durante dos años en principio, el cual, puesto que las organizaciones empresariales y también el Gobierno, sostenían que la causa de la elevada temporalidad del empleo en el caso español era debida al alto coste del despido improcedente de un trabajador, rebajaba la indemnización por despido de cuarenta y cinco días por año trabajado a treinta y tres.

Se subvencionaron los nuevos contratos con casi trescientos mil millones de pesetas anuales, que permitieron la transformación de antiguos contratos temporales en fijos del nuevo tipo, con menos derechos para el trabajador.

Ahora, el Gobierno a través de su ministro de trabajo en unas declaraciones el día 24 en Barcelona, insiste en la necesidad de una nueva reforma laboral que abarate el despido para todos los contratos nuevos como forma de acabar con la temporalidad, que es la misma que antes de la reforma laboral de 1997: hay un trabajador temporal de cada tres, lo que a su vez es más del doble que la media de los países de la Union Europea, que ronda el 13%.

¿A qué responde este empecinamiento del Gobierno en repetir una fórmula que no ha funcionado? No voy a cometer el prejuicio de pensar que a cualquier gobierno no le importe el bienestar de una parte de sus ciudadanos, aunque en este caso sean los que tengan menos poder.

Pienso que su persistencia en esa posición para luchar contra la temporalidad de los contratos laborales se debe a su creencia -no demasiado fundada- de que el mercado laboral español sigue el modelo teórico denominado de los Insiders y Outsiders. Para este modelo, los trabajadores con contrato fijo serían los Insiders, indiferentes a la marcha de la economía, que no afectaría a su empleo, sino al de los Outsiders, que serían los trabajadores no fijos, despedidos cuando la economía fuese mal. Las demandas ya fuesen salariales o de derechos sociales de los trabajadores fijos no tendrían en cuenta las posibilidades de la economía, puesto que las consecuencias sólo las sufrirían los trabajadores con contratos temporales. Este comportamiento haría el mercado laboral rígido a las necesidades del mercado.

Por eso los empresarios buscan la flexibilidad (cuantitativa) contratando un porcentaje muy elevado de sus plantillas temporalmente y el gobierno plantea que la forma de reducir la temporalidad en la contratación es reducir los derechos de los trabajadores fijos y, en concreto, el coste del despido.

Sin embargo, una nueva reducción del coste del despido no reducirá la temporalidad porque el modelo descrito no se cumple en la realidad española.

En primer lugar, porque no es cierto que los trabajadores fijos no se preocupen de los temporales. Casi todas las familias tienen en su seno un desempleado o desempleada, o un empleado (joven) con contrato temporal y con pocas posibilidades de mejorar su situación en el futuro. Los jóvenes cada vez tardan más en poderse emancipar.

En segundo lugar, los sindicatos han demostrado en los acuerdos de 1997 su capacidad para defender el interés de los trabajadores fijos y de los temporales; de los empleados y de los desempleados. En tercer lugar, porque el modelo ni se ha cumplido con los acuerdos de 1997, que como hemos visto no han servido para disminuir la temporalidad, ni se cumplió tampoco en la última fase de destrucción de empleo vivida en España a principios de los años noventa: entonces se destruyó masivamente empleo fijo en lugar de destruirse el temporal.

Antes de interferir en la negociación que sindicatos y patronal deben tener para mejorar la contratación temporal, el Gobierno debería cumplir con su obligación de vigilar la legalidad de los contratos temporales y hacer lo posible por mejorar la formación y la investigación, que es lo que realmente puede mejorar la competitividad de las empresas y con ello la situación del empleo temporal.

Hay que insistir en que los trabajadores son un activo para las empresas y para la economía del país y no un coste a minimizar.

Como esta reforma laboral tampoco acabará con la temporalidad en la contratación, el año próximo se volverá a pedir un esfuerzo en el que se abarate el coste del despido hasta hacerlo nulo, de manera que la fórmula propuesta de acuerdo con la visión gubernamental es: para terminar con las diferencias entre trabajadores fijos y temporales, hagámoslos a todos temporales, que es lo que significa el coste nulo del despido.

Para esa solución, el Gobierno y las empresas no necesitan hacer ningún esfuerzo de imaginación.

Joan Lerma ha sido presidente de la Generalitat Valenciana.