La división social se acentúa en El Ejido

La localidad almeriense mantiene el aislamiento de los inmigrantes mientras se fortifica con refuerzos policiales

El pueblo almeriense de El Ejido es, casi nueve meses después de que fuera escenario de unos disturbios xenófobos que dieron la vuelta al mundo, una población muy segura -los delitos han disminuido en un 37%, según fuentes policiales-, pero más fracturada socialmente que antes. El miedo y la hostilidad entre sus habitantes autóctonos y los inmigrantes se ha acrecentado tras lo ocurrido sin que las diferentes Administraciones afectadas se hayan preocupado por contrarrestarlos con programas de sensibilización. "¿Quién está limpiando las percepciones negativas de antes, durante y después del conflicto suscitado?", se pregunta con pesar Emilio Asensio, el responsable provincial de emigración de la central sindical Comisiones Obreras (CC OO).La cascada de actuaciones propuestas en los días posteriores a los disturbios para normalizar la convivencia se ha diluido casi por completo, a excepción de las medidas policiales y el pago de las indemnizaciones acordadas a los afectados por los destrozos que se produjeron. El refuerzo policial constituía la gran reivindicación del alcalde, Juan Enciso, del Partido Popular, adalid de las posturas vecinales más reaccionarias que vinculaban la inseguridad ciudadana con la presencia de los magrebíes.

Enciso, que boicoteó las cumbres de urgencia relacionadas con el conflicto y se negó a autorizar la instalación cerca del núcleo urbano de módulos prefabricados para realojar a quienes perdieron sus chabolas, sigue obstruyendo las medidas en favor de la integración de los norteafricanos, como quedó patente en una reciente conferencia de prensa. "Mientras los ejidenses quieran que sea su alcalde, y me quedan todavía tres años más, voy a intentar que no se haga ningún bloque de esas viviendas", dijo en alusión a la edificación de casas sociales prevista en el borrador de un decreto de la Junta andaluza. Tampoco concede entrevistas sobre el tema porque, según su jefe de prensa, "es una competencia del Gobierno de la nación y de la Junta de Andalucía".

En El Ejido malviven sin techo digno, ocupando chabolas, cortijos ruinosos o transformadores eléctricos, unos 17.000 inmigrantes, según un estudio de la consejería andaluza de Obras Públicas. Remediar este déficit requeriría la construcción de 4.301 alojamientos. La vivienda, uno de los pilares de la integración social, centró una de las demandas del preacuerdo que puso fin a la huelga de temporeros agrícolas después de los sucesos. La respuesta de las Administraciones avanza, sin embargo, a paso cansino. En ocho meses, el Ministerio de Fomento y la Junta se han limitado a negociar el texto del decreto de alojamientos, que prevé ayudas para viviendas sociales, rehabilitación de cortijos y albergues. De momento, no ha salido a la luz.

El preacuerdo también incluía la petición de una investigación "profunda" sobre los incidentes. La Subdelegación del Gobierno sostiene que las personas "destacadas en el conflicto" están a disposición de los jueces para dar por finiquitada la intervención policial. Paradójicamente, de los 158 personas detenidas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía 92 eran extranjeras y 66 españolas. De la investigación, no obstante, no ha trascendido nada. "No sabría si hablar de negligencia o de desinterés por averiguar lo sucedido", lamenta Ángeles Garzón, abogada de SOS Racismo, que interpuso casi 700 denuncias de inmigrantes.

Los disturbios han cambiado algunas percepciones. Más conscientes de su fuerza como mano de obra, los extranjeros caminan tímidamente hacia el asociacionismo. A su vez, las organizaciones de agricultores están ensayando iniciativas, más bienintencionadas que de alcance, para alojar en albergues a los peones que contratan y se han quejado del proceso de regularización en la provincia con similar ímpetu al de los inmigrantes, aunque por otras razones.

Hasta octubre, el Gobierno había rechazado en Almería casi 8.000 peticiones de regularización, que representan el 19% de todas las denegadas en el conjunto estatal. Sumados a los regularizados que han abandonado la zona por miedo o deseo de mejorar sus expectativas laborales -el convenio del campo es de los más bajos del país (618 pesetas la hora)-, dejan a los invernaderos sin temporeros suficientes.

A juicio de Almería Acoge, la flexibilidad prometida por el Ejecutivo para quienes perdieron su documentación en los disturbios se ha ido evaporando conforme avanzaba el proceso. "Más que generosidad, ha habido dureza al valorar las pruebas", alega su presidente, Antonio Puertas.

El caso de Meziane el Habib, de 23 años de edad, es ilustrativo. En la noche del 5 de febrero se refugió en el monte después de que decenas de vecinos incendiasen algunas de las chabolas donde malvivía. Pero aquella madrugada aún perdió más cosas. En el saqueo de la sede de la Federación de Mujeres Progresistas ardió parte de su documentación. Con todo, Meziane conserva avales incuestionables que acreditan su estancia en España antes del 1 de junio de 1999: una denuncia judicial contra dos policías locales de El Ejido por agresiones y el informe del hospital en el que le atendieron con la mandíbula rota. Sin embargo, el Gobierno le ha negado finalmente la regularización de su situación en el país.