Los funcionarios de prisiones exigen más respaldo contra ETA

Hasta aquí hemos llegado. Ése es el mensaje que los representantes sindicales de prisiones trasladarán mañana a la dirección de Instituciones Penitenciarias en nombre de sus 19.000 compañeros. Cincuenta y cinco días después de que CC OO solicitara a Instituciones Penitenciarias una reunión para estudiar medidas de seguridad, la dirección de este organismo, dependiente de Interior, ha accedido a reunirse el lunes con los sindicatos en Madrid. Pero no está garantizada la presencia del ministro Jaime Mayor Oreja. Y los funcionarios temen que, una vez más, la mesa no sirva para nada.

"Mal empezamos. Si no viene el ministro, ¿qué nos van a contar que no sepamos?", se quejaba ayer Carlos García, responsable del CSIF."Que no nos venga de nuevo con el manual de autoprotección", advertía un portavoz de UGT.

Hasta ahora, las mesas de seguridad convocadas en Instituciones Penitenciarias, según los funcionarios, sólo habían servido para pactar la reedición y distribución del manual de seguridad. Pero esta vez los sindicatos esperan conseguir mucho más.

El pasado agosto, un funcionario de la prisión de Málaga notó que un coche le seguía. Cambió de dirección varias veces en la calle pero no lograba despistarlo. Otro día descubrió al mismo coche siguiéndole. Comunicó el número de la matrícula a la Policía Judicial y ésta confirmó que el número no se correspondían ni con el color ni con el modelo del auto. El paso siguiente fue comunicarlo a los responsables sindicales en Madrid. Ángel Párragas, de CC OO, solicitó que se convocara una mesa de seguridad con la presencia del ministro del Interior. Había más casos semejantes en otras ciudades andaluzas. Pero ni Interior hizo nada por ellos, según CC OO, ni la dirección de Instituciones Penitenciarias se avino a convocar una mesa sobre seguridad hasta el pasado viernes. Mañana, lunes, los sindicatos acudirán a Instituciones Penitenciarias. Pero la presencia del ministro no se garantizaba.

Instituciones Penitenciarias asegura que no existe una situación especialmente tensa entre los presos y que no hay nada que haga entrever una especial campaña contra los funcionarios.

Sin embargo, éstos se quejan de que no fueron informados del comunicado que el pasado 15 de septiembre los ocho presos etarras de la prisión de Granada remitieron a la dirección del centro.

El pasado miércoles, EL PAÍS se puso en contacto con el director de la prisión de Granada para preguntarle sobre el contenido de un comunicado que, diez minutos después, obraba en poder de esta Redacción. "Aquí no se ha recibido ningún comunicado", fue la respuesta.

-¿Pero no han recibido ustedes ninguna carta en tono amenazante?

-¿Carta? ¿Comunicado? ¿Tono amenazante? Nada en absoluto.

-¿Seguro que no han recibido ninguna amenaza, aunque sea en tono ambiguo?

-¿Qué quiere usted que le diga, qué el ambiente es tenso, que hemos recibido amenazas? Pues lo siento, pero no es así.

Responsables de CC OO en Granada se quejan de que ésa es la política del Gobierno y de la Dirección de Instituciones Penitenciarias: "Quieren dar a entender que aquí no pasa nada, que todo está tranquilo, pero lo cierto y verdad es que a la semana de recibir esa carta, de la cual en ningún momento se nos informó, nuestro compañero Máximo Casado caía muerto. Vamos a exigir responsabilidades por esa muerte, lo mismo que se nos exige a nosotros cuando un interno muere en prisión".

El último párrafo de la misiva, firmada, entre otros siete presos, por Txomin Troitiño, condenado por el atentado de Hipercor, y por Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, designado por la organización como portavoz de los presos ante el Gobierno, rezaba:

"Es así que venimos a denunciar los citados hechos -y lo seguiremos haciendo- en esta ocasión por lo sucedido en la prisión de Valdemoro, recordándoles a cada uno de ustedes su responsabilidad, tanto a nivel individual como de grupo represor que representan y ejercen, en la medida en que no demuestren con hechos una real y sincera voluntad de búsqueda" de una solución al conflicto vasco.

"Cada vez que se recibe una misiva así", comentaba un portavoz del sindicato ACAIP, mayoritario en prisiones, la dirección de Instituciones Penitenciarias "pone una nota en los tableros de anuncios pidiendo que se extremen las medidas de seguridad. Y la gente se habitúa a esas notas. Sería mucho más eficiente que nos reunieran a los sindicatos y nos facilitara la carta en cuestión".

Entre las peticiones de los funcionarios está la de hacer más seguros los desplazamientos. Reclaman que se les paguen los viajes en taxi o bonos de gasolina que les permitan acudir en sus coches. Pedirán también que se cambie la legislación para que cuando un preso les denuncie no tengan que acudir al juzgado con su nombre y apellido, sino con un número de identificación, como hacen los policías.