Clinton y Gore ofrecen una amnistía para 800.000 inmigrantes hispanos sin papeles

Con el telón de fondo de la búsqueda del voto latino para Al Gore y George Bush, Bill Clinton y la mayoría republicana del Congreso se han enzarzado esta semana en una batalla sobre una amnistía para cientos de miles de inmigrantes ilegales. Para probar que Gore, los demócratas y él mismo son más generosos que los republicanos, y en una etapa de búsqueda desesperada de sufragios, Clinton quiere ampliar la amnistía a más de 800.000 indocumentados, trabajadores que en su mayoría proceden de América Latina. Los republicanos reducen esa cifra a la mitad.

La propuesta de amnistía, contemplada en la Ley de Presupuestos que negocian ahora la Casa Blanca y el Capitolio, es una trampa peligrosa para Bush y su nueva visión de un Partido Republicano abierto a los inmigrantes hispanos. En el momento en que Bush aspira a conquistar un 40% del voto latino en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, los demócratas del Congreso, apoyados por Clinton, han presentado la llamada Ley de Justicia para los Latinos y los Inmigrantes. Se trata de legalizar la situación de más de 800.000 personas que viven y trabajan en EE UU de modo más o menos clandestino.La ley contempla tres medidas generosas. La primera permitiría que soliciten residencia permanente entre 400.000 y 500.000 ilegales que llegaron antes de 1986. La segunda concedería a más de 300.000 refugiados de los conflictos de Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Liberia el estatuto privilegiado del que disfrutan cubanos y nicaragüenses. La tercera permitiría que, con el pago de una multa de 1.000 dólares (casi 200.000 pesetas), todos los que intenten regularizar su situación puedan permanecer en EE UU, en vez de tener que regresar a sus países.

Clinton confirmó ayer que vetará las propuestas presupuestarias de la mayoría republicana del Congreso si no incluyen estas medidas, lo que recibió el aplauso de los líderes hispanos. "Si el Partido Republicano es serio en su intento de cambiar de imagen entre la comunidad latina, no debería oponer una resistencia tan dura a la amnistía", señaló Cecilia Muñoz, vicepresidenta de La Raza, principal grupo hispano de defensa de los derechos civiles.Los republicanos no se oponen por completo a la amnistía. Liderados por sus dirigentes más sensibles en esta materia, el senador John McCain y el congresista Henry Bonilla hicieron el lunes una contraoferta que contempla la amnistía tan sólo para el primer grupo: los que están en EE UU antes de 1986. "Esta contrapropuesta es inaceptable", respondió Jake Siewert, portavoz de la Casa Blanca.

Mientras que Gore aprueba al presidente, el tejano Tom DeLay, en nombre de los congresistas republicanos, denuncia que "la amnistía general" es "una maniobra politiquera destinada a comprar votos". Pero a los conservadores no se les escapa que Clinton ha vuelto a ponerlos en un lío. Bush no quiso pronunciarse ayer sobre este debate, pero Ray Sullivan, uno de sus portavoces, declaró: "El gobernador no apoya en estos momentos una amnistía general para inmigrantes ilegales".

El crecimiento económico permite a EE UU sostener esta polémica, imposible años atrás. En una situación de pleno empleo, la amnistía a los ilegales ya fue aprobada en su último congreso por la central sindical AFL-CIO. Y también es defendida por numerosos empresarios próximos al Partido Republicano, sobre todo de los sectores de hostelería, limpieza, jardinería y sanidad. Esos negocios no funcionarían si no fuera por los contingentes de trabajadores indocumentados.