Vizcaya cree "normal" que tenga casi 100.000 millones en impuestos en situación de difícil cobro

La Diputación de Vizcaya considera "normal" que exista una partida de casi 100.000 millones de pesetas en impuestos de difícil cobro, puesto que la situación es similar en las haciendas de Álava y Guipúzcoa. "La deuda provisionada no significa que no se vaya a cobrar", argumentó ayer en las Juntas Generales el diputado foral de Hacienda Javier Urizarbarrena, al responder a las consideraciones del último informe del Tribunal Vasco de Cuentas. "Ha pecado [el tribunal] como mínimo de una falta de rigor", replicó. El PP pidió que se identifique a los deudores.

"Creo, y se trata de una opinión personal, que [la deuda] se ha tratado de vender como una deficiencia de gestión".Urizarbarrena explicó su versión sobre la polémica generada con el último informe del Tribunal de Cuentas, referido al ejercicio de 1998, en el que se constata la existencia de más de 121.000 millones de pesetas en impuestos pendientes de cobro, de los que un 85%, 96.600 millones, se consideran de difícil recaudación. Además, sólo en 1998 quedaron pendientes tributos por valor de más 20.000 millones y la mitad -10.600- se daban por incobrables.El diputado foral dijo que se trata de deudas "sobre las que no ha vencido el plazo legal para su pago". Sin concretar porcentajes, añadió que una "significativa participación de la deuda pendiente se encuentra en situación de aplazamiento de pago con el fin de no ahogar la economía de empresas en dificultades".

Como es costumbre habitual en la Hacienda vizcaína, Urizarbarrena apenas dio datos sobre los morosos y se limitó a comentar que "otra parte importante de dicha deuda pertenece a empresas cuya actividad ha cesado o a contribuyentes declarados insolventes". Insisitió que sobre estos últimos "la Diputación sigue manteniendo un control sobre sus deudas con el fin de poder cobrarlas si en algún momento cambia la situación del deudor".

Recordó que el informe del Tribunal de Cuentas no realiza ninguna calificación sobre este asunto. "Es un dato más", dijo, y explicó que la deficiencia "habría sido no incluirla" en la provisión por deudas incobrables. Urizarbarrena citó los datos de las otras dos diputaciones, donde el porcentaje de la deuda tributaria considerada incobrable es similar al 85% de Vizcaya: el 80% en Álava y el 100% en Guipúzcoa. "Se ve que son datos normales", expuso a modo de conclusión. Junto a ello, explicó que, en el ejercicio de 1998, los 20.000 millones de impuestos pendientes de abono son "un 5%" de la recaudación de ese año, mientras que en Álava y Guipúzcoa el índice se sitúa en el 3%. "Estamos en un porcentaje similar".

El diputado de Hacienda, que presentó a las Juntas Generales el dictamen para la aprobación definitiva de las cuentas de 1998, censuró que se aborde este trámite casi dos años después, aunque anunció que está negociando con el Tribunal de Cuentas para que lo fiscalice con mayor rapidez.

Destacó el "descenso paulatino" de las deficiencias detectadas y que "en todas la cuestiones que ha sido posible se encuentran corregidas". El informe fiscalizador sigue detectando, como en años anteriores, ilegalidades en el aplazamiento de pagos fiscales y discrecionalidad en los contratos públicos. Casi la mitad de los expedientes de contratación analizados tenían alguna deficiencia. La oposición coincidió en quejarse de la falta de tiempo para analizar el informe, que se conoció la pasada semana. Carlos Olazabal (PP) instó a acabar con la costumbre de no explicar "quienes son los beneficiarios de los aplazamientos del pago de tributos ni los deudores de tanta cantidad" y consideró "falso" comparar la situación de los incobrables con Guipúzcoa y Álava. Endika Garai (EH) también censuró esta comparación y calificó de "vergonzosa" la actitud del tribunal por facilitar ("filtrar") el informe a la prensa.