Visado expedido en La Moncloa

La reordenación del sector eléctrico español, a través de la fusión entre Endesa e Iberdrola y la hipotética OPA de Repsol sobre la segunda, plantea argumentos propios, además de los de la competencia, que están siendo los más repetidos. Destacaremos tres por encima de los demás.1. El riesgo político del empresario español, que en operaciones importantes sigue teniendo que pedir el visado del Gobierno para obtener el visto bueno, aunque los responsables políticos afirmen, con escasa credibilidad, que no tienen nada que ver con el asunto. Una cosa es la legítima regulación de la economía y otra el arbitrismo intervencionista. El sistema económico español es bastante sui géneris; no se trata sólo, como en otros países del mundo, de un modelo mixto en el que la banca y la industria se hallan trufadas de participaciones cruzadas, sino que a estos dos protagonistas ha de unirse la presencia del Gobierno, de forma directa o a través de sus ejecutivos- amigos, colocados a través de la política de privatizaciones.

2. Las operaciones en marcha suponen una concentración de poder económico por encima de lo habitual. Tres sujetos económicos, BBVA, BSCH y La Caixa figuran en todos los grandes conglomerados y en casi todos los intentos de fusión. En un primer corte limpio se ve que el BBVA y La Caixa están en el núcleo duro de Endesa e Iberdrola y de su principal competidor en la batalla, Repsol. Si se le suma su presencia en Telefónica, dos sectores estratégicos como el energético y el de telecomunicaciones están dominados por su presencia. Esta oligopolización es extensible a otros ámbitos; la cuota de mercado de estos tres actores financieros sería exhaustiva en el sector bancario si no existiesen las demás cajas de ahorro. De ahí una buena parte de las tentativas privatizadoras de estas últimas.

3. A la mayoría política absoluta obtenida en las últimas eleccciones generales, el PP parece querer unir el monopolio del poder económico. Los movimientos empresariales están protagonizados por hombres situados por José María Aznar y Rodrigo Rato al frente de empresas muchas veces provenientes del sector público, y otras, del sector privado. La última absorción, la de Puleva por Azucarera Ebro Agrícolas, la presidirá José Manuel Fernández Norniella, que hasta 1996 era un mero ejecutivo, militante del PP y asistente de Rodrigo Rato, y que, tras un fugaz paso por la Administración (secretario de Estado de Comercio, Turismo y Pymes), compatibiliza su presidencia en Ebro Puleva con la vicepresidencia de la CEOE, la presidencia del Consejo de Cámaras de Comercio y el consejo de administración de Endesa. El Gobierno acaba de colocar al antiguo presidente del Senado, militante del PP, Juan Ignacio Barrero al frente de la sociedad pública Ence.

El mapa de los amigos del poder político en la cúpula del poder económico es abrasiva: Manuel Pizarro será el próximo presidente de la fusionada Endesa-Iberdrola; Francisco González, que privatizó Argentaria y la fusionó con el Banco Bilbao Vizcaya, será el próximo presidente del BBVA; César Alierta preside Telefónica después de que fuese expulsado de la misma Juan Villalonga, en el momento en que intentó una cierta autonomía del poder político (Villalonga es a Aznar lo que Figo al Barcelona); Alberto Cortina preside la Repsol privada como antes lo hizo en la pública. A veces, en la vida cotidiana de las empresas se producen contradicciones que distancian a los gestores a pesar de su cercanía personal o política. Entonces, además de un proceso de fusión, se da otro de fisión: es lo que le ha ocurrido a Repsol en la unión entre Endesa e Iberdrola.

Este mapa tan concentrado indica que la historia de las privatizaciones todavía no se ha analizado con la lupa debida. Y que hay que rehacer la historia del capitalismo español contemporáneo.