El PSOE reclama a Birulés datos sobre las tarifas de interconexión

Los socialistas se unieron ayer a las críticas sobre la tarifa de interconexión que deberán pagar los operadores para ofrecer servicios de Internet y que, según una resolución del Gobierno, oscilará entre las 1.850 y las 2.300 pesetas. El portavoz en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, pedirá explicaciones durante el próximo Pleno a la ministra del ramo, Anna Birulés, para que explique los motivos por los que "no se han respetado las tarifas de interconexión fijadas por la CMT ". Ese organismo sugirió que el precio por los enlaces a la red de Telefónica fuera de 2.050 pesetas. Rubalcaba recordó que la CMT es el máximo órgano regulador del mercado de las telecomunicaciones, "creado para que funcione la competencia entre operadores". Para el diputado socialista, la política de precios aprobada por el Gobierno está claramente orientada a "beneficiar a Telefónica y a perjudicar a otros operadores y a los internautas". La tarifa plana para que los usuarios utilicen Internet en horario reducido (de seis de la tarde a ocho de la mañana) ha sido fijada por el Gobierno en 2.750. De esta cantidad, los operadores tendrá que pagar a Telefónica entre 1.850 pesetas y 2.300, según el sistema de interconexión. Aló anunció ayer a Efe que, debido al alto coste, no promocionará una tarifa plana en Internet, y los proveedores de servicios para la Red vislumbran "serias dificultades" para realizar ofertas "que garanticen la necesaria diversidad y calidad para el mercado", según un comunicado de Asimilec, entidad que reúne a los principales generadores de contenidos.

Los socialistas tampoco están de acuerdo con los mecanismos que utilizará el nuevo organismo Red.es para la adjudicación de los nombres de dominio en Internet. Rubalcaba anunció la intención de su grupo de presentar una enmienda: " No se entiende por qué las licencias de UMTS se dan por concurso y los dominios de Internet por subasta. Es el mundo al revés".

Debate sobre RTVE

Los socialistas también se oponen al método utilizado por el Gobierno -a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado- para adscribir Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Consideran que este trasvase modifica el régimen general establecido en el Estatuto del Ente Público y, por tanto, defienden que tal adscripción tenga carácter orgánico, lo que significa que para su aprobación sería necesario contar con el respaldo de una mayoría absoluta en el Parlamento. En el escrito remitido a la Mesa del Congreso, el portavoz del Grupo Socialista, Rafael Caldera, argumenta que el Estatuto de RTVE, aprobado en 1980, es una norma que desarrolla el artículo 20 de la Constitución "en la medida que supone un vehículo para el ejercicio efectivo del contenido de las libertades de expresión e información".