Los límites de la fusión

La fusión de Endesa e Iberdrola, aprobada el martes por sus respectivos consejos de administración, provocará con toda seguridad un terremoto en el mercado eléctrico español e influirá probablemente en el mercado europeo. La presencia de Repsol como candidato alternativo a la compra de Iberdrola con un proyecto competidor ofrece además la posibilidad de comparar ventajas e inconvenientes entre una integración entre empresas dedicadas al mismo negocio (el eléctrico) y el proyecto de unir Gas Natural (dominada por Repsol) e Iberdrola, que quizá permitiría poner en marcha negocios de servicios integrados (gas, electricidad, telefonía, televisión) con mayor valor añadido que la mera producción y distribución de kilovatios. La concentración empresarial que plantean Endesa e Iberdrola lleva un cuerpo de ventaja en este momento. No sólo porque los consejos han aprobado la fusión, sino porque cuenta con la aprobación genérica oficial del Gobierno.Las concentraciones son un instrumento muy útil para que las empresas puedan reforzar posiciones en el mercado, ahorrar costes y aumentar beneficios. Desde la perspectiva de una estrategia empresarial de crecimiento son operaciones legítimas, incluso convenientes; oponerse a ellas sin más es un ejercicio de ingenuidad a contracorriente. Dicho lo cual, hay que apresurarse a explicar que no son pocos los riesgos de que la empresa resultante de la fusión Endesa-Iberdrola controle arrolladoramente el mercado eléctrico español y se convierta en un monopolio de hecho. Incluso contando con la buena voluntad mostrada por el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, para no sólo mantener, sino incluso aumentar, el número de operadores en el mercado español (cuatro en la actualidad), y bajo el compromiso de respetar en todo caso las cautelas establecidas por el Gobierno para que una empresa eléctrica no pueda superar la cuota del 40% del mercado de generación, existen evidencias significativas de que una compañía eléctrica con más del 20% de dicho mercado puede controlar los precios a su antojo. Máxime si España se mantiene como un coto cerrado, en el que no actúan operadores extranjeros y que está configurado como una isla eléctrica.

El pretendido intercambio de activos con operadores extranjeros, esgrimido como señuelo de que la operación procurará una mayor competencia en el ámbito interior, es una declaración de intenciones de interés, pero insuficiente para garantizar un mercado dinámico. Al fin y al cabo, las empresas que arribaran al mercado español por este procedimiento tendrían, se quiera o no, una relación de dependencia respecto del operador dominante.

Lo más urgente es minimizar esos riesgos. Sería la ocasión para que el Gobierno, que finalmente deberá aprobar la operación de acuerdo con la inadecuada legislación actual, endureciera las condiciones de competencia que debe cumplir la nueva empresa (y las futuras concentraciones que se planteen) para garantizar no sólo que no se convertirá en un imperio eléctrico aplastante, sino también que los consumidores industriales y domésticos resulten beneficiados.

Para ello debería imponer a la resultante de la fusión Endesa-Iberdrola límites más severos que el 40% fijado por el Gobierno en los decretos de liberalización de junio para los mercados de generación y distribución, vigilar estrechamente las desinversiones que realice la empresa fusionada con el fin de que los activos que venda a otras compañías sean competitivos y, sobre todo, considerar muy seriamente la posibilidad de adelantar al año próximo la fecha de liberalización total del mercado eléctrico, ese momento en el que todos los consumidores podrán elegir a su suministrador.

De nuevo, los hechos económicos y la dinámica empresarial han demostrado que la economía española es deudora de una arcaica estructura de defensa de la competencia. El Gobierno actúa como juez y parte en decisiones empresariales en las que aparecen implicadas compañías con golden share en vigor (Repsol y Endesa, que en este caso compiten por Iberdrola) y sus decisiones aparecen o pueden aparecer contaminadas por las filias y fobias políticas del partido gobernante o por el extraño maridaje que ha instituido el poder político con las empresas privatizadas. De nuevo hay que reclamar que las decisiones sobre competencia se tomen desde un organismo regulador fuerte, independiente y capaz de tomar la iniciativa al margen de zascandileos políticos en el entorno de La Moncloa. En la actualidad, el Tribunal de Defensa de la Competencia es una triste ficción que actúa como instrumento vicario del Gobierno.