El informe anual del Senado denuncia la parálisis del Estado autonómico

El Estado autonómico está paralizado. Es la demoledora conclusión del informe anual encargado por el Senado y los Gobiernos regionales sobre las comunidades autónomas. Redactado por el Instituto de Derecho Público, que agrupa a los principales especialistas en la materia, el informe, con una dureza inusual, precisa que la "parálisis" afecta a "reformas fundamentales para la vertebración del Estado" como la del propio Senado, el modelo de financiación y la participación autonómica en la UE.

Urgencia

El informe de 1999 fue presentado ayer en la Cámara alta por el director del Instituto, Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Al acto, que no estuvo exento de cierta tensión, asistieron la presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, y el secretario de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga. No estuvo el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, habitual en la presentación anual del informe de las comunidades autónomas, que excusó su asistencia por encontrarse de viaje en Hannover (Alemania). También estuvo ausente el portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons.El inusual contenido crítico del informe hizo que la presidenta del Senado eliminara uno de los párrafos de su intervención, que cerraba el acto, en el que calificaba la situación del Estado de las autonomías de "fructífera normalidad" e incluso de describía su funcionamiento como "más que satisfactorio". Esta anulación se explicaba ayer en el Senado porque uno de los párrafos del informe anual del Instituto de Derecho Público dice expresamente que "la normalidad no debe convertirse en un valor paralizante".

El informe admite que el Estado de las autonomías transcurre dentro de cauces de "normalidad general" -a excepción de Euskadi- para decir, a continuación que están "paralizadas" las principales reformas pendientes, las que "afectan a cuestiones esenciales para la configuración del Estado autonómico como un verdadero sistema descentralizado política y administrativamente".

Precisa que el sistema reclama "ya con urgencia el dar solución" a los problemas de la presencia de las autonomías en las instancias estatales y comunitarias; acordar un sistema de financiación "estable y consensuado", y abordar la reforma del Senado. Estas cuestiones ya han sido planteadas al Gobierno por la oposición.Las causas de la "paralización de las reformas" las encuentra el informe en una "pérdida de impulso político" por la "visión complaciente" del Gobierno -que no es citado expresamente- hacia el Estado de las autonomías. El informe insiste en que deben abordarse "sin demora" dichas reformas "para completar la verdadera realidad institucional de éstas, y permitir articular satisfactoriamente sus relaciones con el Estado".

Las reformas pendientes del Estado autonómico que el informe de 1999 califica de "urgentes" siguen sin abordarse en octubre de 2000. Respecto a la reforma del Senado, el texto es tajante: "El proceso de reforma del Senado ha sufrido una completa paralización durante 1999". Precisa que "la ponencia para el estudio de la reforma constitucional del Senado no se ha reunido ni una sola vez". Tras las elecciones de marzo pasado, el PP ha impuesto una nueva ponencia de reforma que no afectará a la Constitución.

En cuanto al nuevo modelo de financiación, tras señalar que dicha reforma está obligada por ley a entrar en funcionamiento en enero de 2002, el informe dice que "al margen de cual puede ser el contenido del nuevo sistema, debería avanzarse en la articulación del procedimiento de negociación que permita una reforma consensuada y estable".

También es tajante en la cuestión de la presencia autonómica en los Consejos de Ministros y sus órganos de apoyo. "No se han logrado avances. En 1999 no se ha aprobado ningún acuerdo sobre esta cuestión. También es verdad que las comunidades autónomas se han mostrado incapaces de consensuar una propuesta común".