El futuro de la pesca de litoral

La rebelión del sector de la pesca de bajura ante el aumento del precio de los combustibles, más allá de las formas violentas en que se ha manifestado (véase el editorial de EL PAÍS del pasado día 2), requiere algunas reflexiones que nos permitan comprender las raíces de la protesta y, sobre todo, el futuro que es posible otear tras la tempestad de las últimas semanas.La preocupación por la dependencia energética del petróleo, presente en la economía europea desde 1973, apenas caló en el sector pesquero. La generosa subvención, a través de la exención de impuestos, que recibía y recibe el gasóleo para pesca hacía innecesario molestarse por su consumo desaforado. Hace ya muchos años que los expertos en economía y biología pesquera advertían de los efectos perversos que tenía esta subvención al combustible, que no sólo inhibía la investigación de máquinas más limpias y económicas, sino que además contribuía a un incremento de la potencia instalada de los motores, que hacía inútiles todas las medidas de ajuste pesquero y todas las propuestas para frenar el descenso dramático de la biomasa de algunas especies, en particular de las capturadas con artes de arrastre.

La subvención al gasóleo para pesca carece de razones técnicas y sus consecuencias han sido y son negativas para el propio sector, primer interesado en controlar el esfuerzo pesquero a fin de no esquilmar el objeto de su actividad. Disfrazado de ayuda a la pequeña empresa pesquera, el regalo de un combustible a precio de saldo constituye en último término una subvención del precio a que compramos los frutos de la pesca, es decir, subvencionamos al consumidor de gambas frescas.

Sostengo que las numerosas subvenciones y ayudas que recibe el sector constituyen una política de parches que contribuye al estancamiento de las empresas de pesca de litoral, las cuales, lejos de adaptarse a las exigencias de un mercado abierto a base de aumentar su competitividad, se mantienen con estructuras organizativas y comerciales obsoletas.

En primer lugar, los armadores, los dueños de los barcos, que pueden permitirse el lujo de despreciar los mecanismos de una economía abierta, haciendo dejación de su papel de empresarios. Toda la actividad patronal de la pesca de litoral está contaminada de esa irresponsabilidad. Si disminuyen los beneficios o algun factor altera el precario equilibrio en que se mantiene la actividad, se recurre al victimismo, por un lado, y a la amenaza, por otro. Las voces que claman desde hace tiempo por introducir mecanismos de mejora en la comercialización de las capturas de pesca fresca, basados en la identificación y normalización del producto, no son escuchadas, como tampoco lo son quienes advierten de la necesidad del sector de modernizar su organización, esto es, las cofradías, para que éstas tengan un papel activo como holding asociativo de las pequeñas empresas. A todos ellos se les despacha con una sonrisa conmiserativa: ¡qué sabran éstos de pesca!

Pero como la realidad es tozuda, los problemas crónicos de la pesca de litoral afloran al menor contratiempo: demanda localmente monopolizada por determinados asentadores que imponen los precios de compra en las subastas, exceso de intermediarios que encarecen el precio final, picaresca tolerada de quienes venden como fresco lo que no es sino descongelado de mala calidad, barcos viejos, con exceso de tecnología depredadora y deficiencias graves en seguridad laboral y marítima, etcétera.

Las ayudas provocan también que el sector esté sobredimensionado, lo que se traduce en una presión insostenible sobre el medio y una escasa rentabilidad del trabajo. Cuando hay problemas, como los ha habido ahora, se trata simplemente de apretar un poco más al Gobierno de turno para coser el roto con dinero público. Por lo visto, resulta más fácil lanzarse a la calle, bloquear los puertos comerciales, impedir la distribución de gasolina en las ciudades, que hacer un esfuerzo de modernización, por otra parte imprescindible.

La huelga del sector pesquero ha sido una huelga patronal, no una huelga de los pescadores. La decisión de no salir a faenar la han tomado los armadores; los trabajadores, que se quedan sin cobrar por el sistema salarial a la parteimperante en la pesca de bajura (sistema que liga el salario a lo obtenido por las capturas), resultan también afectados por este cierre patronal. Además la huelga ha sido liderada por la flota de arrastreros -la que más combustible consume por la desmesurada potencia de sus barcos-; las flotas de cerco y artes menores se ha sumado a una movilización que a la postre les ha perjudicado. Las contradicciones internas de las cofradías de pescadores, donde nadan juntos empresarios y trabajadores, explican en parte esos acuerdos y desacuerdos entre puertos y federaciones que han dejado prepleja a la opinión pública. A corto plazo, el conflicto ha rendido dividendos: más ayudas públicas que permitan a la pesca de bajura seguir postergando las reformas necesarias, al tiempo que se subvenciona el precio de la gamba roja. ¿Qué futuro le espera al sector, colgado como está de ese entramado de subvenciones? Un futuro negro, desde luego.

Muchos observadores sostienen que los cuantiosos fondos europeos y nacionales que se otorgan al sector de bajura suponen una reestructuración encubierta y descoordinada. A la claridad de la política de la Comisión Europea (dejar que le mar se recupere reduciendo el número de barcos y capturas) se ha opuesto en nuestro país una política incoherente, achacable a la Administración central.

Pero es posible otra política. Una política que prevea una reconversión planificada de las flotas sobredimensionadas, que diferencie el mercado de la pesca fresca mediante la identificación y normalización del producto, que replantee el papel de las cofradías, que haga cumplir con mayor rigor la normativa sobre limitación de potencias, medidas de las artes y aparejos, y fondos de pesca permitidos propiciando una viabilidad sostenible. Si seguimos con la política de parches, los próximos años pueden depararnos una catarata de conflictos.