Un largo proceso jurídico que dejó inacabada la intervención

El Teatro Romano de Sagunto fue declarado monumento nacional por el Real Decreto de 28 de agosto de 1986. Dos años antes, en 1984, el director general de Patrimonio de la Generalitat, Tomàs Llorens, encargaba al arquitecto valenciano Manuel Portaceli el proyecto relativo a la restauración y rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto y su entorno. En la elaboración del plan se contó también con Giorgio Grassi, uno de los principales arquitectos italianos. La ejecución de este proyecto polémico provocó el inicio de un largo proceso judicial impulsado por el militante popular y posteriormente diputado autonómico Juan Marco Molines.En 1993, y cuando las obras del teatro estaban casi acabadas, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decretó la suspensión de las mismas, un auto que fue recurrido por la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto, entonces todavía gobernados por los socialistas.

Poco después, en septiembre de 1995, el Consell, ya dirigido por el PP, decidía retirarse del pleito, seguro de que el Ayuntamiento mantendría el recurso. La razón, según recoge la propia sentencia del TSJ, fue que "el proyecto de restauración y rehabilitación consistía realmente en una obra que se asienta sobre las ruinas de un teatro romano y las oculta, tratándose de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas, lo que supone, por lo tanto, una infracción de los límites de la Ley de Patrimonio vigente".

El pasado año, el Tribunal Supremo ratificó la paralización de las obras ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 1993. Pese a todo, durante este tiempo, el teatro ha sido utilizado por la Generalitat y por el Ayuntamiento, tanto en gobiernos del PSPV como del PP, y se han incorporado al recinto mejoras temporales.