El Supremo declara ilegales las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto

Las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto son ilegales. Así lo recoge la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que se dio a conocer ayer. En ella, el Supremo desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sagunto contra la sentencia de 1993 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre la aprobación del proyecto de restauración y rehabilitación del teatro. El Consell acogió la sentencia con cautela, ya que, pese a la satisfacción de ver recogidas las tesis del PP cuando estaba en la oposicion, ahora tendrá que aplicarlas.

Fin del contencioso

El Tribunal Supremo da la razón al letrado y ex diputado autonómico del PP, Juan Marco Molines, que demandó a la Consejería de Cultura, entonces gobernada por los socialistas, por la polémica rehabilitación del monumento histórico.La sentencia considera que se puede llegar a la conclusión de que "la obra de restauración y rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto supone una reconstrucción del mismo y en algunos casos una simple construcción de un teatro romano, al ignorarse la forma que los elementos reales tenían".

No obstante, el Tribunal Supremo afirma también en la sentencia que "el rechazo de la legalidad del proyecto no supone en modo alguno su desautorización desde el punto de vista estrictamente cultural, artístico o arquitectónico".

Además, en la sentencia se asegura también que "nada habría que objetar, en principio, a quienes consideran el proyecto como una actuación ejemplar que respeta simultáneamente la historia del Teatro Romano y supone un 'admirable empeño creativo', recupera la presencia urbana del monumento, revaloriza sus ruinas y reanuda su uso tradicional, ahora en condiciones excepcionales de calidad".

El fallo del Tribunal Supremo fija un plazo de dos meses para solicitar la ejecución de la sentencia, cuyas condiciones tendrá que fijar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras consultar con las partes afectadas.