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Los jueces de paz se quejan de cobrar menos de 1.000 pesetas al día

Dedicación parcial

Los jueces de paz alegan que carecen de seguridad social y que los gastos no se les computan como deducción en el IRPF. Los salarios proceden del ministerio y, a pesar de que la mayor parte de los jueces tienen una actividad profesional al margen, la cantidad que perciben en los municipios de más de 7.000 habitantes apenas supera las mil pesetas diarias. Los jueces de paz son partidarios de la transferencia "porque Vitoria está más próximo que Madrid" y piensan que así sus reivindicaciones encontrarían mayor eco. "Es un cachondeo que nos apliquen el sistema de funcionamiento de los jueces de carrera cuando no tienen ninguna consideración con nosotros", se queja Iriarte. El Gobierno vasco subvenciona a los ayuntamientos con una partida variable en función del número de habitantes y que cubre cerca del 80% de las inversiones destinadas a medios materiales, que les son proporcionadas por las instituciones locales.

En la actualidad muchos juzgados de paz están en pleno proceso de informatización y se están digitalizando los libros de registro. A través de las demandas cursadas por los propios consistorios, este año Lakua financiará con 92 millones este tipo de gastos. Abel Muñiategi destaca el papel de este tipo de juzgados, que atienden las necesidades "de todo tipo de ciudadanos": "Todos nacemos, todos morimos y algunos se casan, y todo está registrado ahí".

El nombramiento de estos jueces se hace por parte del Tribunal Superior de Justicia a propuesta del ayuntamiento correspondiente y con informes del juez de primera instancia. Entre los jueces de paz hay jubilados, licenciados en paro, y aunque por ley no se demanda un perfil determinado, la dedicación suele ser de varias horas al día. La demanda de una mejora de las condiciones laborales ha llevado al colectivo de jueces de paz de Cataluña a interponer un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Justicia porque considera como renta "la ínfima asignación anual" que perciben. Como señala Joan León, presidente de este colectivo, "Cataluña cuenta con 896 juzgados de paz, de los que 545 están situados en localidades de menos de mil habitantes" y la responsabilidad que acumulan es "muy importante". La "paga" que perciben cada cuatro meses supone 11.000 pesetas mensuales: "Este regalo tributa desde el año pasado por IRPF bajo el concepto de una indemnización, cuando no se trata de un sueldo ni tenemos contrato de trabajo ni alta en la seguridad social", indica León. De esta manera, demandan que se les ofrezca el salario mínimo y que entonces sí se les aplique el IRPF. "Somos los auténticos monaguillos de la Justicia", indica. Los jueces vascos se encuentran a la expectativa de la resolución de este recurso, ya que la situación en todo el Estado es similar. "Esta claro que ser juez de paz es vocacional tal, y como está planteado", indica Iriarte.

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