El fiscal pide 72 años para los tres acusados del asesinato de la empleada de una gasolinera
21 personas presentaron alegaciones para no formar parte del tribunal
Recusación total
Dos hombres y una mujer serán juzgados mañana en la Audiencia de San Sebastián por el asesinato de Izaskun Larrauri, la empleada de la estación de servicio de Ikaztegieta (Guipúzcoa), en la noche del 8 de octubre de 1997. El fiscal pide penas que juntas suman más de 72 años de prisión para Juan Antonio G. A., de 23 años, Pedro María R. G., de 20 años, y Ana B. A., de 28 años. El juicio se celebra con jurado.El suceso se produjo minutos antes del cierre de la gasolinera, cuando un turismo Citröen BX se detuvo en la estación y descendieron de él dos hombres y una mujer. En el momento que la empleada se adentró en la oficina fue seguida por todos ellos con la intención, según el auto, de cometer un atraco. A Izaskun Larrauri le tiraron al suelo tras asestarle un golpe en la cabeza, donde fue obligada a permanecer tumbada y con las manos en la espalda. Fue entonces cuando, de acuerdo con el relato de los hechos, Juan Antonio G. A. le disparó en la cabeza con una escopeta cargada con postas.
El fiscal solicita, además de la pena de prisión, una indemnización de 15 millones de pesetas para los familiares de la víctima. Antes de ser tirada al suelo Izaskun Larrauri fue conminada a entregar el dinero que había en la caja de la gasolinera.
El 'crimen de Ikaztegieta' bate el récord de miembros del jurado que se excusan
En el caso de Mikel Otegi, el joven que mató a dos ertzainas en Itsasondo y que actualmente se encuentran en paradero desconocido, fueron 19 las personas que presentaron excusas. En el primer juicio con jurado que se celebró en esta provincia sólo se presentaron cuatro alegaciones.En todo caso, el magistrado no aceptó la recusación propuesta por la defensa contra los 36 candidatos a jurados por el hecho de que ninguno de ellos pertenecía a la etnia gitana. Esta petición la hizo uno de los defensores alegando que su defendido es de esta etnia. El letrado aseguró que la ausencia de personas gitanas en el tribunal podría provocar una falta de imparcialidad. El juez rechazó la solicitud argumentando que la ley no establece que un porcentaje del jurado deba pertenecer a una raza determinada.
La instrucción del caso se ha prolongado debido en parte a las circunstancias que concurrieron durante la investigación. Las defensas han denunciado irregularidades imputadas al instructor, al que llegaron a pedir que declarase como testigo.
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