España libera a los inmigrantes subsaharianos sin pasar un mínimo control sanitario

Ayer alcanzaron las costas de Cádiz 63 subsaharianos. Los guardias civiles que los detuvieron calcularon que hoy estarán en libertad. Se habrán sumado a los 1.600 que han cruzado el Estrecho este año y que circulan por la Península sin haber pasado ningún control sanitario ni del Servicio de Sanidad Exterior, dependiente del Gobierno, ni del Servicio Andaluz de Salud, gestionado por la Junta, que rechazan que el asunto sea de su competencia. José Antonio Moreno, director de recursos Humanos de la Cruz Roja de Tarifa, advierte sobre los riesgos de esta situación: "Un día nos vamos a llevar un buen susto".

Selección natural

El comisario de Algeciras, Florentino Villabona, reconoce que la libre circulación por España de inmigrantes sin control sanitario es un riesgo potencial para la población española y para los mismos inmigrantes. Los subsaharianos proceden de países en los que enfermedades infecto-contagiosas como el sida, la malaria y la fiebre amarilla son endémicas. Y, al contrario, llegan a un continente en el que existen otros males frente a los que ellos no están inmunizados. En esta apreciación están de acuerdo los responsables de Cruz Roja y de Médicos Sin Fronteras.De hecho, la mayoría de los guardias civiles, de los miembros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los voluntarios de las ONG que trabajan con los indocumentados se han vacunado contra las enfermedades más comunes en los países del sur del Sáhara. José Antonio Moreno, de Cruz Roja, cree que la situación actual es "peligrosísima". Tomás Padrón, de Médicos Sin Fronteras, reconoce: "Existe un riesgo, pero no sé cual es su magnitud". Aunque matiza: "Pienso que es mayor para los inmigrantes que para los españoles".

Padrón basa su información en que el terrible periplo de los individuos que consiguen alcanzar nuestras costas actúa como un proceso de selección natural: "Los que llegan son los más fuertes. Si estuvieran enfermos no lo habrían conseguido". Someter a los inmigrantes a un control sanitario no es una tarea de la policía según se encarga de recordar el comisario Villabona, sino "tal vez" de Sanidad Exterior. Pero el responsable de este departamento en Algeciras, Rafael Moreno, afirma que ellos sólo atienden a las personas y mercancías que entran legalmente en el país: "No tenemos ninguna clase de control sobre los inmigrantes clandestinos", dice. "Nosotros somos funcionarios de un organismo central, que es el Ministerio de Sanidad y Consumo. Pero las competencias sanitarias han sido transferidas a la Junta de Andalucía. Una vez que esas personas están en suelo andaluz, el problema debe resolverlo el SAS", argumenta.En el SAS no comparten su punto de vista: "El problema es competencia de Sanidad Exterior. Nosotros nos limitamos a dar asistencia a toda la gente que la policía nos envía", dice la portavoz de este organismo. Corresponda a unos u otros, la solución del problema sigue inédita. "El Gobierno", afirma Tomás Padrón, "no ha puesto los medios para que estas personas sean acogidas y para proteger tanto la salud de la población española como la de los propios inmigrantes".

La atención sanitaria que reciben los indocumentados se limita al momento de su detención. Cuando un grupo es interceptado por la Guardia Civil, organizaciones humanitarias como Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras desplazan equipos para atender a los recién llegados. En la misma costa les realizan un examen superficial. Sólo los que presentan heridas o hipotermias agudas y las mujeres embarazadas son trasladados al ambulatorio más cercano. La mayoría recibe el alta a las pocas horas. En caso de que la dolencia de alguno sea más severa es ingresado en el Hospital Punta de Europa, de Algeciras.

Mientras que los marroquíes que entran ilegalmente en España son repatriados a su país gracias a un convenio existente entre Madrid y Rabat, los subsaharianos deben ser puestos en libertad. La causa es que antes de arribar a nuestras costas se deshacen de toda su documentación. Sin papeles que certifiquen su nacionalidad, sus gobiernos no los reconocen como ciudadanos y se niegan a readmitirlos. Las leyes en vigor otorgan a las fuerzas de seguridad un plazo máximo de 72 horas para cumplir los trámites. Luego hay que dejarlos libres. José Antonio Moreno, de Cruz Roja, cree que ese tiempo es suficiente para saber si padecen alguna enfermedad: "Si existiera un plan de emergencia sanitaria en condiciones, en tres días podrían hacerles análisis de sangre y orina". En cualquier caso nadie ha dispuesto medidas para someterlos a control médico durante ese periodo.