Defensa cambia el presupuesto para pagar operaciones como la de la OTAN en Kosovo

Las Fuerzas Armadas españolas podrán participar en el año 2001 en un conflicto como el de Kosovo -una intervención justificada por razones humanitarias que no tuvo el aval del Consejo de Seguridad de la ONU- sin necesidad de modificar el presupuesto. Un cambio casi imperceptible en la denominación de la partida que sirve para sufragar las operaciones militares en el extranjero ha sido suficiente para eliminar la traba con la que se encontró el Gobierno durante la guerra de 1999: el crédito 14211A03228 del Ministerio de Defensa ya no alude a la ONU.

"Insuficiencias"

Es improbable que las Fuerzas Armadas españolas se embarquen el año próximo en una operación sin cobertura de Naciones Unidas. El Gobierno insistió, durante la guerra de Kosovo, en que la intervención de la OTAN, al margen de la legalidad internacional, constituía un caso excepcional, debido al bloqueo del Consejo de Seguridad de la ONU y a la necesidad de frenar un genocidio.Sin embargo, con carácter preventivo, Defensa ha eliminado las limitaciones que tuvo durante el último conflicto balcánico. EL PAÍS hizo notar entonces que los gastos derivados de la participación de los F-18 españoles no podían cargarse al crédito con el que se pagaba desde 1992 el despliegue de las tropas españolas en Bosnia-Herzegovina.

Dicho crédito es ampliable, por lo que no está sujeto a techo económico. Aunque tradicionalmente sólo figuran 10 millones de pesetas en el presupuesto de Defensa, cada año se amplía por encima de los 20.000 millones. El límite no estaba en el dinero, sino en su denominación, sumamente precisa: "Crédito para gastos originados por las participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de la ONU".

La guerra de Kosovo, por justificada que pueda parecer, no fue una "operación de la ONU" y, en consecuencia, no podía pagarse con este crédito sin incurrir en fraude de ley.

Aunque el Gobierno se resistió inicialmente a aceptar esta limitación, acabó asumiéndola al remitir a las Cortes, meses después de acabada la guerra, un suplemento de crédito "para atender las insuficiencias producidas en el Ministerio de Defensa como consecuencia de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones internacionales de ayuda humanitaria y restablecimiento de la paz".Dicho crédito, por un importe total de 8.155 millones de pesetas, tomó el máximo rango legal posible, pues se tramitó como proyecto de ley.

Aunque pareciera un mero ajuste técnico, el asunto tenía calado político pues, mediante este proyecto, las Cortes deberían autorizar, aunque fuera a posteriori, la intervención en Kosovo; lo que no tuvieron ocasión de hacer durante el conflicto. El Gobierno siempre se resistió a compartir con el Parlamento su competencia sobre el empleo de las Fuerzas Armadas.

Bien es verdad que este punto quedó diluido en la ley al mezclar dos asuntos tan heterogéneos como la ayuda militar a Centroamérica para paliar los efectos del huracán Mitch y la guerra contra Serbia.

La disolución de las Cortes hizo decaer este proyecto, pero el Gobierno volvió a remitirlo antes del verano y actualmente está en trámite.

La situación no volverá a repetirse. En el presupuesto para 2001 la denominación de este crédito, inalterable durante los últimos años, se ha modificado. Ahora se llama "para gastos originados por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz". La omisión de la referencia a la ONU significa que ya no es necesario que una operación sea aprobada por Naciones Unidas para que se pueda pagar con el presupuesto ordinario del Estado.

Jordi Marsal, portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso, no se opone a esta innovación, pero aduce que, al menos, debería hacerse en paralelo al cumplimiento de un compromiso que José María Aznar asumió durante el conflicto de Kosovo. Por dos veces, el 30 de marzo y el 12 de mayo de 1999, el jefe del Gobierno anunció un "código de conducta" que fijase los "mecanismos" de relación con el Parlamento cuando tropas españolas participaran en operaciones en el extranjero. Se intentaba garantizar la información al Congreso, aunque no se le pidiera su consentimiento, como pidió la oposición. La promesa se olvidó al apagarse los ecos de la guerra.