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Derechos Humanos denuncia a los responsables de los viajes por tortura y prevaricación

Normas internacionales

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El Gobierno responsabiliza a los capitanes de barcos del traslado de inmigrantes en bodegas

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentó en la mañana de ayer, en un juzgado de Algeciras (Cádiz), una denuncia contra los que considera máximos responsables de que los inmigrantes sean devueltos sistemáticamente en autobuses aparcados en las bodegas garaje de los barcos de pasajeros del Estrecho. Esta ONG considera que el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna; el comisario de Policía de Algeciras, Florentino Villabona, y los máximos responsables de las navieras que operan en el Estrecho desde Algeciras (Trasmediterránea, Buquebús y Euroferrys) supuestamente han incurrido en los delitos de prevaricación, tortura y contra la integridad moral. La denuncia se ha extendido a Trasmediterránea, a pesar de que esta compañía marítima ha insistido en que todo el pasaje de sus barcos va en las butacas de cubierta.Rafael Lara, portavoz de la ONG, declaró a su salida de los juzgados algecireños que "esta denuncia debe ser tenida en cuenta por la justicia y el Ministerio Fiscal porque trata de evitar víctimas en caso de naufragio o parcial hundimiento del buque".

La Asociación Pro Derechos Humanos está convencida de que se han vulnerado las normas internacionales de derecho marítimo, especialmente la regla 20.3 del capítulo II.1 del Convenio Internacional para la Seguridad Humana en el Mar, que establece que en los ferrys de transporte de pasajeros y vehículos "no pueden permanecer durante la travesía personas en sus bodegas-garaje", las cuales deben estar "herméticamente cerradas y aisladas del resto del buque" para evitar víctimas en caso de naufragio o hundimiento parcial.Igualmente, Pro Derechos Humanos entiende que el traslado de inmigrantes en las bodegas de los buques vulnera el Título I de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España al no prestar los mismos derechos a españoles que a extranjeros.

El consejero andaluz de Gobernación, el socialista Alfonso Perales, por su parte, afirmó ayer que el Gobierno central no tiene capacidad para devolver a sus países de origen a los inmigrantes irregulares, y por ello "ha caído en la tentación de trasladarlos como ganado" en las bodegas de los barcos.

Perales, que respondió en el Parlamento andaluz a una pregunta sobre este asunto planteada por su propio partido, el PSOE, se mostró convencido de que el Ejecutivo central tomará medidas "pronto", porque "seguro que le repugna que estos inmigrantes, ilegales o no, no sean tratados como personas".

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