El arzobispo de Nápoles, acusado de falsificar los balances de la curia local

El cardenal arzobispo de Nápoles, Michele Giordano, se enfrenta a nuevos problemas judiciales. Pendiente todavía de que un juez decida si le procesa por presunta colaboración en un caso de usura que implica a su hermano, destapado el verano de 1998, el cardenal Giordano tendrá que responder, además, de una supuesta falsificación de balances contables de la curia local que investiga la fiscalía de Nápoles.

El arzobispo Giordano, según los primeros datos difundidos ayer por la prensa italiana, compró diferentes inmuebles a un precio mayor del que se hacía constar en los contratos. La diferencia entre ambas sumas se abonaba en negro a los vendedores. Esta hipótesis de los investigadores es doblemente sorprendente porque la Curia napolitana habría efectuado muchas de sus adquisiciones con dinero procedente de las limosnas depositadas por los fieles en las ceremonias religiosas. Invertir en negocios inmobiliarios el dinero del cepillo parroquial está tipificado como delito de apropiación indebida.El abogado del cardenal Giordano, Enrico Tuccillo, negó ayer rotundamente este extremo. "Son hipótesis acusatorias que tendrán que ser demostradas", dijo. "No conozco las actas pero creo que se trata sólo del desfase entre el valor del inmueble establecido en el catastro y el precio acordado entre las partes", dijo Tuccillo sobre los presuntos contratos de compra fraudulentos.

La investigación de la Fiscalía de Nápoles coincide tangencialmente con la más amplia llevada a cabo por el fiscal de Lagonegro, en la región vecina de Basilicata, de la que es oriundo el cardenal, en la que el prelado está acusado de haber financiado un negocio de usura dirigido por su hermano, Mario Lucio Giordano y de apropiación indebida. Este caso, destapado a raíz de la denuncia hecha en 1997 por dos empresarios de Sant'Arcangelo (el pueblo de Giordano) provocó la detención el 20 de agosto de 1998 de Mario Lucio y del director de la sucursal local de Banco de Nápoles, Filippo Lemma. Dos días después, la Guardia de Finanza (policía financiera italiana) irrumpía en el arzobispado de Nápoles y practicaba un exhaustivo registro.

La fiscalía informó entonces de que el propio cardenal estaba siendo investigado, y se supo que parte de las pruebas contra el purpurado procedían de las escuchas de sus conversaciones telefónicas autorizadas por los magistrados.

El caso provocó una protesta formal de la Santa Sede, que consideró el registro policial del arzobispado, una clara vulneración del Concordato firmado con Italia en época de Mussolini y revisado en los años ochenta por el fallecido Bettino Craxi.

La fiscalía de Lagonegro, ante la que el cardenal Giordano prestó declaración en mayo del año pasado, ha pedido el procesamiento del purpurado, al que acusa de haber financiado con dinero propio y con dinero de la Curia (en concreto del Instituto de Obras Religiosas, IOR) el negocio de usura del hermano en el que trabajaban también los dos sobrinos del arzobispo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la fiscalía, Mario Lucio Giordano prestaba sumas con intereses elevadísimos a los pequeños empresarios y comerciantes locales en apuros financieros. Pero el "negocio" requería una liquidez que Mario Lucio no siempre poseía. En estos casos, recurría al hermano cardenal. La suma que Michele Giordano entregó a su hermano, según la acusación fiscal, superaría ampliamente los 80 millones de pesetas.

El cardenal de Nápoles negó las acusaciones en el interrogatorio de seis horas al que fue sometido el 7 de mayo de 1999. Giordano reconoció haber ayudado a su hermano, que atravesaba serias dificultades económicas, dijo, pero aseguró que lo había hecho con dinero propio. La decisión de procesar o no al cardenal (lo que constituiría un caso sin precedentes en la historia) está, desde el 26 de mayo pasado, en manos de un tribunal preliminar que aun no se ha pronunciado.