Carga inmigrante

Era sabida la predisposición de este Gobierno al empleo expeditivo de la Ley de Extranjería -aun a riesgo de vulnerarla- en los casos de expulsión de inmigrantes indocumentados, interceptados en la frontera o incluso, como ha ocurrido en alguna ocasión, en zonas de tierra adentro. Ahora acaba de saberse que en estos casos tampoco se muestra especialmente escrupuloso con el cumplimiento de las convenciones internacionales para la seguridad de la vida de las personas en el mar. Centenares de inmigrantes indocumentados interceptados en las costas de Cádiz están siendo devueltos a Marruecos encerrados como carga en furgones policiales aparcados en las bodegas de los transbordadores que cruzan el Estrecho. Esa flagrante vulneración de las normas de seguridad en el mar, que prohíben la permanencia del pasaje en las bodegas del barco, no sólo es imputable a las autoridades de inmigración, sino a las compañías marítimas que la toleran y a los capitanes de barco que miran hacia otra parte. No basta con que el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, investigue las condiciones en que se hacen esos traslados. Su deber, inherente a su función, es procurar ante las instancias policiales que la devolución de inmigrantes indocumentados a Marruecos o a sus países de origen se realice con estricto respeto a las leyes y a los derechos de la persona. Es lógico que los partidos de la oposición hayan puesto el grito en el cielo ante tales métodos, en modo alguno justificados por la actual avalancha de inmigrantes, y que exijan una explicación al ministro del Interior.

Este suceso, que muestra una vez más la visión sesgadamente policial con la que el Ejecutivo encara el fenómeno de la inmigración, coincide con el inicio en el Congreso del debate de su proyecto de Ley de Extranjería, destinado a sustituir a la ley vigente, aprobada apenas hace nueve meses con los votos de toda la oposición y declarada non grata desde el principio por el Gobierno. Sin duda, los partidos y la sociedad en general están hoy en mejores condiciones que hace un año para abordar el complejo fenómeno de la inmigración merced al intenso debate político, jurídico y social suscitado por la ley todavía vigente. En este tiempo, el Partido Popular parece haber desistido de la contrarreforma pura y dura que pretendía aplicar en un principio. En esa moderada rectificación ha desempeñado un papel importante el Consejo General del Poder Judicial. Su dictamen sobre el proyecto inicial del Gobierno fue contundente: dejaba mucho que desear en cuanto a la aplicación del derecho de tutela judicial efectiva a los inmigrantes en situación irregular y se retrotraía a la ley de 1985 -la primera que abordó en España el fenómeno de la inmigración- en el nulo reconocimiento a este colectivo de determinados derechos básicos de la persona, como los de asociación, reunión y sindicación.

El PSOE, principal partido de la oposición, ha rehuido el cuerpo a cuerpo con el Gobierno, renunciando a cuestionar en su globalidad el proyecto gubernamental, y ha optado por la táctica de intentar mejorarlo desde dentro con la presentación de 50 enmiendas parciales. El reconocimiento de derechos básicos a los inmigrantes en situación irregular y la existencia de mecanismos razonables -que estén a su alcance- para su integración legal y social constituirán el núcleo central del debate parlamentario sobre la nueva ley. Estas cuestiones, más que ninguna otra, pondrán a prueba la voluntad del Gobierno de conseguir una ley de inmigración consensuada con la oposición. En este punto crucial, tanto el PSOE como CiU y Coalición Canaria se mueven en zonas contiguas. El rechazo a la equiparación en derechos entre inmigrantes legales e irregulares no debe suponer en modo alguno despojar a estos últimos de derechos básicos de la persona y cerrarles prácticamente el paso a la regularización.