Juicio contra los gestores de una mina de estaño por delito contra el medio ambiente

El próximo 17 de octubre comienza el juicio contra la Sociedad Minera del Guadarrama, que explota un yacimiento de derivados de estaño situado en pleno parque regional del Curso Medio del Guadarrama. El fiscal de Medio Ambiente y los ayuntamientos de Galapagar y Las Rozas han denunciado a la empresa por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las partes demandantes creen que el impacto de la mina es inaguantable para el entorno. Mantienen que, además de la deforestación, se vierten aguas al río citado de la balsa de lodos del yacimiento.

El vertido al río Guadarrama fue la causa de que el Ayuntamiento de Las Rozas (48.000 habitantes) se convirtiera en parte implicada, ya que el río discurría por su municipio con un aspecto deplorable. Las mediciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) dieron índices superiores a los 20 miligramos de partículas sólidas por litro de agua permitidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo. En el primer análisis, del 12 de septiembre de 1995, existían 100 miligramos de sólidos en suspensión por litro de agua, y en el segundo, del año 1996, la concentración era de 44 por litro. El abogado Juan Manuel López, encargado de la defensa del municipio de Galapagar (19.000 habitantes), afirma que los vertidos han aumentado el cauce del río en medio metro. Indica también que afectan tanto a la fauna como a la flora de las orillas, que acabará por desaparecer.

La mina Maribel se abrió en el año 1988, cuando la Dirección General de Minas concedió a Antonio Sánchez Lozano la autorización para explotar el yacimiento durante 30 años. El contrato permitía la venta de la tierra sobrante como subproducto. En ese momento ya existía un informe desfavorable del Instituto Tecnológico Geominero de España en cuanto al plan de restauración del entorno. En él se especificaba que el proyecto únicamente sería viable si los estériles sobrantes -tierra que acompaña al mineral- se utilizaban para restaurar la zona. Desde el instituto se perseguía evitar el deterioro medioambiental al que se ha llegado tras 12 años de explotación a cielo abierto.

El Ayuntamiento de Galapagar ha intentado en diversas ocasiones cerrar la mina. El concejal de Medio Ambiente, José Luis Barceló, asegura que el proyecto carece de licencia municipal. Por este motivo, el Ayuntamiento aprobó una resolución en el año 1988 que llevó al precinto de la finca. Pero Sánchez Lozano, después de hacer frente a la policía local, prosiguió con la actividad. Ante esta situación, el municipio espera zanjar el asunto con la próxima sentencia judicial.

Tanto el propietario de la mina como su gabinete de abogados manifestaron a este periódico que no deseaban hacer declaraciones hasta después del juicio.