Las dependencias judiciales sufren un grave deterioro a la espera de la Ciudad de la Justicia

"La situación de los edificios de los juzgados de la Comunidad Valenciana así como las condiciones laborales de los funcionarios recuerdan un país cualquiera del tercer mundo". Así de expeditivo se mostró uno de los dirigentes sindicales al ser preguntado sobre los graves problemas que afectan a la justicia valenciana. Problemas que, lejos de resolverse, llevan camino de prolongarse al menos hasta el año 2003, fecha en que el Gobierno valenciano prevé que se habrá construido la Ciudad de la Justicia de Valencia, así como otra larga lista de flamantes edificios a lo largo y ancho de la geografía.

Los legajos llenos de polvo y insectos se acumulan en los pasillos, las humedades asolan no pocos juzgados, faltan salidas de emergencia, señalizaciones de evacuación, rampas de acceso para minusválidos... Hasta ahora el mejor certificado del lamentable estado de las infraestructuras judiciales es la innumerable lista de denuncias a la Inspección de Salud e Higiene y los correspondientes informes y expedientes emitidos por este organismo. La Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, dirigida por Carlos González Cepeda, se ha limitado durante los últimos meses a aplazar la solución de los problemas a la construcción de la Ciudad de la Justicia. Y sólo tras la clausura de cinco salas de vistas del edificio de Barón de Cárcer el pasado siete de septiembre, donde están ubicados los Juzgados de lo Social, ofreció una solución que pronto se mostró insuficiente. Las presiones de jueces y abogados provocaron que González Cepeda reconociera su error y se comprometiera públicamente a encontrar nuevos locales, de acuerdo con la legislación vigente en materia de salud y higiene en el trabajo, en un breve plazo de tiempo. Un mes después, aún se desconoce la oferta que baraja la consejería.

Entre tanto, muchas de las vistas señaladas en los Juzgados de lo Social se siguen celebrando en sitios tan dispares como pasillos, el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social o la sala del Colegio de Abogados existente dentro de las mismas instalaciones de Barón de Cárcer. Los problemas de los Juzgados de lo Social, denunciados por FSP-UGT, constituyen no obstante sólo una pequeña parte de todo el problema. A las carencias que se detectan y suponen un riesgo especialmente alto en caso de situaciones de emergencia, se suma la falta de vigilancia de las dependencias.

- El Palacio de Justicia, un edificio enfermo. El Palacio de Justicia es un antiguo edificio que data del siglo XVIII reformado en el año 1953 bajo la dirección del arquitecto Camilo Grau con el fin de albergar los servicios de la Audiencia Territorial. El paso de los años y el aumento de la necesidades de infraestructuras de la administración de justicia valenciana no han perdonado al inmueble. De hecho, este 26 de julio pasado el delegado de prevención del sindicato Comisiones Obreras solicitaba al comité de seguridad y salud laboral que incluyera en su reunión como punto de discusión las vibraciones detectadas por los funcionarios que procedían al traslado de los archivos ubicados en la última planta del Palacio. El informe de la inspección no dejó lugar a dudas: la buhardilla que durante años había servido para albergar el archivo de la audiencia amenazaba ruina. Es más, las ventanas de dicha planta son ciegas de manera que de producirse un incendio nadie lo hubiera advertido hasta que las llamas hubieran devastado casi por completo todos los documentos.

- Gayano Lluch, eternamente provisionales. Hace aproximadamente seis años se habilitaron en la calle de Gayano Lluch, en Valencia, con carácter provisional unas dependencias donde se localizan varias salas de lo penal. El interior de esas dependencias no reúne las condiciones mínimas, dado que entre otras cosas, algunas salas están en una especie de altillo, en el que la distancia entre el suelo y el techo no alcanza los dos metros de altura.

A pesar de la reiteradas protestas de los trabajadores, la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas remite la solución del problema a la construcción de la Ciudad de la Justicia sin barajar siquiera un emplazamiento alternativo que ofrezca la seguridad que requieren los edificios públicos.