La ley Penal del Menor costará más de 15.300 millones en el primer año

La aplicación de la ley de Responsabilidad Penal del Menor, en su primer año de funcionamiento en Andalucía, exigirá una inyección económica mínima de 15.350 millones de pesetas para habilitar todos los recursos, materiales y humanos, que contempla. El mayor esfuerzo inversor recaerá sobre Asuntos Sociales, que prevé un gasto de 13.850 millones para diversas partidas, incluida la construcción de 29 centros. A esa cifra se suman otros 1.500 millones que destinará Justicia a la puesta a punto de fiscalías y juzgados. La Junta calcula que atenderá entre 8.000 y 10.000 jóvenes infractores.

A tres meses de la entrada en vigor de la ley de Responsabilidad Penal del Menor, las autonomías, incluida la andaluza, siguen esperando que el Gobierno conceda una moratoria -como mínimo, parcial- para comenzar a aplicarla. Aducen de forma unánime que no están preparadas ni disponen de fondos para afrontar una reforma radical, que supone poner en marcha un nuevo sistema de atención a los menores y jóvenes que cometen infracciones o delitos. La primera repercusión de la norma es incluso cuantitativa. Si hasta ahora el sistema de reforma andaluz se ocupaba sólo de los infractores menores de 16 años, la nueva ley amplía el abanico de intervención de 14 a 21 años. La Consejería de Asuntos Sociales calcula que tendrá que atender al año entre 8.000 y 10.000 menores que cumplan algún tipo de medida judicial. Y advierten de que se trata de una estimación conservadora. El propio consejero, Isaías Pérez Saldaña, está convencido de que la norma se estrenará con un "colapso" inicial: "Muchas sentencias están paradas porque los jueces prefieren esperar a la nueva ley".

En la única reunión celebrada hasta ahora entre las administraciones central y autonómicas, el Ejecutivo se comprometió a elaborar un informe jurídico para determinar el marco competencial y un estudio sobre el impacto económico en cada autonomía. Con estos datos, el Consejo de Política Económica y Fiscal decidiría sobre la financiación de los recursos.

El Gobierno andaluz prefiere alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo sobre la financiación, pero tampoco permanecerán impasibles si no lo logran. Pérez Saldaña pedirá un dictamen a un constitucionalista para determinar si la ley invade competencias de la Comunidad Autónoma: "No es nuestro deseo ir al Tribunal Constitucional, pero nos defendemos ante una agresión porque se produce una transferencia encubierta de una competencia sin poner en marcha los recursos".

El informe económico elaborado por Asuntos Sociales sobre las necesidades de Andalucía señala que los gastos de inversión para el primer año de funcionamiento alcanzarían los 13.850 millones de pesetas, que se desglosarían entre los 5.475 millones para inversiones iniciales y 8.375 millones para gastos de funcionamiento. Las inversiones más cuantiosas se destinarán a la construcción de centros, ya que para ajustarse a la ley se necesitarán tres centros cerrados, cinco semicerrados, dos abiertos, cuatro terapéuticos, 11 centros de día, 18 equipos de medio abierto y cuatro especiales de protección.

Tan apremiante como la falta de infraestructura es, para el consejero, la ausencia de personal con la formación adecuada. Además de un cuerpo específico de funcionarios para atender los centros cerrados, Pérez Saldaña plantea como alternativa para atender los de carácter abierto concertar la gestión con ONGs.

En el terreno judicial, la consejera Carmen Hermosín calcula que tendrán que gastar alrededor de 1.500 millones de pesetas el primer año para sufragar los incrementos de plantilla, el alquiler de nuevas sedes para juzgados y fiscalías de menores y el equipamiento informático de los mismos. Un esfuerzo inversor en el que, según Hermosín, debe participar el Ministerio de Justicia al tratarse de la creación de nuevos órganos. La consejera prevé que tendrán que reforzar las plantillas con la creación de 200 nuevos puestos de trabajo.