Los socialistas se acercan al PP en sus enmiendas a la nueva Ley de Extranjería

La renuncia a presentar una enmienda a la totalidad de la reforma de la Ley de Extranjería no es el único "gesto de generosidad" que ha realizado el PSOE para intentar alcanzar un pacto con el Gobierno en torno a la inmigración. Las 49 enmiendas que el Grupo Socialista presentó el jueves al proyecto gubernamental incluyen varias concesiones al PP, fruto de las conversaciones mantenidas con el secretario de Estado de Extranjería, Enrique Fernández-Miranda. La más importante es la aceptación por el PSOE de que no haya que motivar siempre la denegación de visado.

Cupo potestativo

"Seremos juzgados con severidad por los españoles si no alcanzamos un acuerdo. Por eso se necesita generosidad. El PSOE ya la ha demostrado. Ahora les toca a ustedes, señores del Gobierno y del PP". Con estas palabras concluyó su intervención el portavoz socialista, Jesús Caldera, en el debate del pasado jueves sobre la reforma de la Ley de Extranjería. Se refería a la renuncia del primer partido de la oposición a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno y a su abstención ante las enmiendas de IU, el PNV y el Grupo Mixto.Lo que no anunció Caldera en aquel momento es que las 49 enmiendas parciales que presentaría horas después el Grupo Socialista incluían nuevas concesiones al Gobierno. La más importante de ellas es la renuncia a mantener la obligatoriedad, contenida en la ley vigente, de que la denegación de visado sea siempre motivada.

La enmienda presentada por el PSOE en el registro del Congreso señala que "la denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena". Sin embargo, la emienda inicial socialista, que se discutió en las reuniones con Fernández-Miranda, decía: "La denegación de visado deberá ser expresa y motivada". Sin excepciones.

Fuentes socialistas restaron importancia a este cambio, alegando que el 90% de los visados son para reagrupación familiar o para trabajo por cuenta ajena. Admitieron, no obstante, que se se trata de una concesión al PP. No en vano, en este punto concreto, la enmienda del PSOE coincide con el proyecto del Gobierno.

La importancia de la motivación radica en que, aunque en teoría dicha resolución siempre puede ser recurrida ante los tribunales, éstos no pueden examinar su legalidad si no conocen las razones de la denegación.

La segunda concesión se refiere al contingente anual de empleos para extranjeros. El PSOE, como los otros grupos, quería que el establecimiento de dicho cupo fuera obligatorio, mientras que el Gobierno pretendía reservarse la potestad de fijarlo o no. La enmienda socialista afirma que el Gobierno "establecerá anualmente" dicho cupo, pero agrega: "siempre que exista necesidad de mano de obra". Esta coletilla permite al Gobierno suprimir el cupo cuando crea que no existe tal necesidad, aunque tendrá que justificar tal decisión.Las conversaciones del delegado del Gobierno para la Inmigración con los representantes socialistas han llevado a estos últimos a aceptar la posición del PP en otro punto: que los trabajadores transfronterizos deban regresar a su país "diariamente", y no "al menos una vez a la semana", como dice la ley vigente y proponía el PSOE.

El Ejecutivo ha argumentado el riesgo de que se establezcan masivamente en Ceuta y Melilla los miles de marroquíes que cruzan la frontera cada día.

Finalmente, los socialistas han renunciado a incluir entre los beneficiarios de la reagrupación familiar a la pareja de hecho del extranjero residente. Según fuentes socialistas, esta pretensión es inviable al haberse opuesto el PP a que se regulen legalmente estas relaciones.

Las concesiones del PSOE evidencian que existe un clima favorable a un acuerdo con el PP sobre este asunto, aunque aún se mantienen notables divergencias. Las más importantes se refieren al reconocimiento de sus derechos fundamentales a todos los extranjeros, al margen de situación legal; la regularización de los alrededor de 50.000 inmigrantes excluidos del último proceso de documentación; la reducción de cinco a dos años del tiempo de estancia que debe acreditarse para acceder a la residencia; la creación de un fondo nacional para la integración social de los inmigrantes; y la necesidad de que se garantice la asistencia letrada y la tutela judicial efectiva en todas las formas de expulsión.

Por su parte, CiU mantiene su demanda de que los permisos de trabajo sean concedidos por las comunidades autónomas pero, ante la negativa del PP, ha ofrecida como enmienda alternativa la firma de "convenios de cooperación" para que el Estado y algunas autonomías establezcan "mecanismos de actuación conjunta" en este tema.