El propietario del geriátrico de Reus reconoce que falseó recetas médicas

Josep Maria Mengual, copropietario del geriátrico Catalunya Llar de Reus, reconoció ayer haber falseado recetas, con los nombres y números de la Seguridad Social de algunos de sus residentes, para comprar medicamentos, sedantes entre ellos, que éstos no tenían prescritos. Mengual, acusado de presunto homicidio de cuatro ancianos por sobremedicación, aseguró ayer que su residencia nunca había dado beneficios y que si admitieron enfermos terminales fue por razones "humanitarias".

Josep Maria Mengual, que se enfrenta a una pena de 68 años de prisión, justificó la práctica de alterar las recetas con el nombre de residentes a quienes no estaban destinados los medicamentos aduciendo que se produjo un error: "O bien se había traspapelado el número o se había equivocado el nombre del paciente". Mengual explicó que aunque el titular de la receta fuera otra persona, él "sabía que el medicamento no era para ella, era como un juego de palabras". Entre dichos fármacos figuraban sedantes -Voltarén, Tranxilium, Aloperidol-, y Mengual reiteró que toda administración de medicamentos se hacía previa prescripción del doctor Pere Gomis, que también está acusado y prestará declaración el próximo lunes. Mengual, más relajado que durante la jornada anterior, mantuvo pese a todo su tono agrio al responder a los acusadores. "Las cosas no son tan violentas como ustedes las quieren presentar (...). Los internos no comían sobras, ni potitos, ni cosas raras", dijo. El propietario del geriátrico aseguró que si habían aceptado ancianos terminales fue "primero por razones humanitarias, porque sus hijos no los podían tener en casa ni en el hospital, y también, claro está, por razones económicas". Recordó que habían albergado a indigentes "porque son personas y las traían las asistentas sociales, que luego traerían a más gente".

Asimismo afirmó que no era necesaria la presencia de personal titulado en estos establecimientos (la legislación cambió un mes después de la clausura del geriátrico, en enero de 1995), que una gran parte de los residentes eran terminales -"por desgracia, venían a morir", en muchas ocasiones derivados desde hospitales- y que nunca tuvo quejas de familiares.

El copropietario, asimismo, insistió en presentarse como la víctima de un complot urdido por las trabajadoras, a las que definió como "unas vagas". Según sus declaraciones, estas trabajadoras querían llevarse los internos a una residencia que estaban montando. "Trataban bien a los ancianos que querían llevarse a un piso". Mengual aseguró que la residencia no tuvo nunca beneficios, que se habían endeudado, que el depósito de entre 25.000 o 35.000 pesetas de ingreso se devolvía tras la marcha del residente (por lo que no ganaba nada con la muerte de los ancianos) y que por la operación judicial lo han perdido todo. "La finca valía 100 millones y se subastó por 23", explicó. Mengual, tras prestar declaración, se mostró satisfecho de la evolución del juicio: "Está aflorando la verdad, hasta ahora todo han sido trampas y mentiras". El acusado, tal y como ya vaticinó, aseguró que el juicio "todavía depara sorpresas", relacionadas con la conspiración de sus empleadas.