El juez que investiga el 'caso Limasa' cita como imputada a una edil del PP

El juez que investiga el pago de 41 millones de pesetas que hizo el Ayuntamiento de Málaga a Limasa -la empresa mixta de limpieza- por la certificación de una obra que se inició seis meses después de abonarse ha decidido imputar en la causa a la concejal responsable del área de Medio Ambiente, Ana María Rico, del Partido Popular. Por este asunto, ya han comparecido, también en calidad de imputados, el gerente de la empresa y un alto funcionario municipal.

Precisamente, ayer mismo tenía que declarar el interventor general del Ayuntamiento malagueño, testimonio que fue aplazado por enfermedad de su abogada. El juez Pedro Molero, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, dictó ayer una providencia en la que cita a la edil para que comparezca ante su juzgado el día 3 de noviembre en calidad de imputada.

Aunque no especifica los cargos, todos los imputados están acusados de los presuntos delitos de falsedad, malversación y apropiación indebida, tras una denuncia que interpuso el grupo municipal de Izquierda Unida y a la que se sumó posteriormente el PSOE.

Ana María Rico eludió ayer hablar sobre el asunto, aunque admitió que la llamada del juez para acudir a declarar no le había cogido de sorpresa, ya que dijo estar convencida de que "la oposición la iba a solicitar". La edil dijo no sentirse "comprometida políticamente" por la imputación y se mostró convencida de que demostrará en su comparecencia que el asunto que se investiga es un caso "puramente" de interpretación administrativa.

Remodelación

La imputación a la edil se produce a las puertas de una remodelación del gobierno municipal a la que se ha visto abocado el alcalde malagueño, Francisco de la Torre, por la marcha de un concejal. Aunque De la Torre ha defendido públicamente la actuación de su edil de Medio Ambiente, el caso Limasa se ha convertido en un auténtico filón para la oposición, que ha pedido reiteradamente la dimisión de Ana María Rico, algo a lo que hasta ahora se ha opuesto de forma tajante. La investigación judicial se desarrolla casi paralelamente a la iniciativa del gobierno municipal de sacar a concurso el servicio de limpieza en Málaga durante los próximos 16 años, un codiciado negocio de casi 150.000 millones de pesetas por el que pugnan dos empresas constructoras.

La decisión del alcalde de apartar a Rico de la mesa de contratación que debe valorar las ofertas fue interpretada en su día como una clara pérdida de confianza hacia la concejal. Un hecho que también ha negado de forma insistente el regido de Málaga.