La Xunta rectifica y decide que las fundaciones sanitarias sean públicas

Las fundaciones sanitarias de titularidad pública y gestión privada que había puesto en marcha José Manuel Romay Beccaría en su etapa al frente del Departamento de Salud de la Xunta de Galicia tendrán naturaleza pública, según acordó ayer el Gobierno gallego. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Galicia establece que, en seis meses, las fundaciones se transformen en públicas, aunque dispondrán de su propio patrimonio.

Las fundaciones no se integrarán en el Servicio Galego de Saúde (Sergas). El régimen de contratación "respetará los principios de publicidad y concurrencia" y los recursos económicos tendrán la consideración de ingresos de derecho público. "En la práctica ya funcionaban como si fueran públicas; lo que se quiere es reforzar el carácter público y la seguridad jurídica", señalaron en la Consejería de Economía.La decisión del Gobierno autonómico ha sido bien acogida por organismos como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que había criticado el sistema. "Es un avance de sentido común que homologa las fundaciones de la sanidad gallega con las del territorio Insalud", dice su portavoz, Hixinio Beiras. "Es un paso necesario, aunque no suficiente, para acabar con experimentos que no han dado fruto".

El propio presidente de la Xunta, Manuel Fraga, señaló ayer que la medida se adoptó "para salir al paso de críticas últimamente reiteradas y sin justificación alguna de que se trataba de privatizar, cosa que nadie pensó, ya que una cosa es la gestión y otra el servicio y el derecho al servicio". Fraga agregó que así "se evitarán las dudas que pudiera haber sobre la plena sumisión a todos los organismos de control".

Las dudas sobre ese control las viene reiterando la oposición parlamentaria desde que Romay promovió el sistema que después aplicaría en el Ministerio de Sanidad. Incluso la pasada semana, la mayoría de gobierno rechazó una propuesta del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Beiras, de suprimir las fundaciones e integrarlas en el Sergas.

Pero las críticas más duras, por menos esperadas, surgieron en otros ámbitos. Hace un año, el Consello de Contas (tribunal gallego de cuentas) había considerado que "el modelo jurídico de este tipo de organismos no parece el más idóneo". El informe se centraba sobre todo en el Instituto Galego de Medicina Técnica (MedTec, excluido de la medida adoptada ayer por ser sociedad anónima con capital público), creado por Romay para servicios médicos de alta tecnología, pero que llegó a englobar servicios como el de urgencia (061).

Pese a que el MedTec cobraba sus servicios al propio Sergas a un precio sensiblemente superior a los de las clínicas privadas a las que sustituyó, el informe del tribunal de cuentas señalaba unas pérdidas en 1996 de 32 millones de pesetas. Destacaba además cuestiones como el recurso a empresas de trabajo temporal, o que los sueldos de sus directivos fuesen un 20% superiores a los de la sanidad pública, por lo que consideraba que no se habían cumplido "los objetivos de gestión más eficaz para los que fue fundado".

Las críticas al sistema de empresas públicas administradas privadamente surgieron también del estamento médico. El presidente del Consejo Gallego de Médicos (antecesor de Romay en el departamento autonómico de Salud), Manuel Montero, había considerado que "se puede hacer una buena medicina sin privatizar nada", y puso como ejemplo de lo contrario la Fundación Hospital Comarcal de Verín (Ourense), "que se sale del planteamiento riguroso por el que debe de funcionar un centro sanitario". Desde 1994, además del MedTec, se han creado siete fundaciones.