Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

Debates a granel

El Parlamento de Vitoria debatirá mañana y pasado -sin solución de continuidad- sendas mociones de censura constructivas presentadas contra el lehendakari Ibarretxe por los socialistas y por los populares vascos. Esa secuencia temporal no se debe al peso en la Cámara de cada grupo sino a la precedencia en la ventanilla: el PP aventaja al PSOE en dos escaños. Nicolás Redondo será el candidato a lehendakari de los socialistas; y Carlos Iturgaiz, de los populares.El portavoz de Gobierno vasco ha calificado de fraude esa doble moción pararela; ese tipo de argucias de procedimiento, sin embargo, forman parte de los recursos de la política parlamentaria. La disposición -apenas condicionada- de populares y socialistas a respaldar al aspirante rival es la mejor prueba del carácter puramente testimonial y propagandístico de ambas candidaturas: el PSOE (14 diputados) y el PP (16 diputados) no están en condiciones de ganar sus mociones de censura respectivas, esto es, de alcanzar el listón de la mayoría absoluta de la Cámara (38 escaños) exigida por el reglamento, ni siquiera contando con su mutuo respaldo y con los dos escaños de Izquierda Unida (IU) y de Unidad Alavesa (UA).

La doble moción de censura no cierra el programa de plenos extraodinarios del Parlamento vasco abierto el pasado 22 de septiembre -la víspera de la multitudinaria manifestación celebrada en San Sebastián en favor de la Constitución y el Estatuto- por el debate anual de política general, transformado en el rosario de la aurora a causa de los duros enfrentamientos entre el Gobierno nacionalista y la oposición popular y socialista. Dando acertadamente por supuesto que las dos mociones de censura serán indefectiblemente derrotadas, el lehendakari Ibarretxe se propone convocar otro debate la semana venidera a fin de exponer con detalle el programa de pacificación adelantado en el pleno celebrado hace dos semanas y difundido en los medios de comunicación como publicidad oficial pagada. Si la situación en el País Vasco no fuese tan dramática cabría tomar a beneficio de inventario unos debates condenados al fracaso por su mismo planteamiento y protagonizados por esa maligna variante de sordos que son los políticos reacios a escuchar las razones del adversario y propensos a martillear a la audiencia con sus monólogos.

En cambio, no se ha celebrado -ni lo será en el futuro- el único debate exigido por la lógica parlamentaria cuando el jefe del Ejecutivo queda en minoría. El lehendakari Ibarretxe, abandonado por los 14 diputados de Euskal Herritarrok (EH) que votaron su investidura hace año y medio, se niega a pedir la confianza de la Cámara para continuar en el desempeño de su cargo. La razón de ese clamoroso incumplimiento de los principios de la lógica parlamentaria es obvia: la eventual moción de confianza presentada por el lehendakari para conseguir el respaldo mayoritario del Parlamento sería derrotada de forma inexorable salvo en el improbable caso de obtener los votos de IU y UA. Tras el regreso al monte de los representantes del brazo político de ETA, que aprovecharon su permanencia en la Cámara para justificar provocadoramente a la banda terrorista, sembrar la cizaña entre los nacionalistas, ingresar dinero y beneficiarse del fuero procesal, los 21 diputados del PNV y los seis de EA suman menos escaños que los 30 representantes -agregados- del PP y el PSOE.

La única manera de frenar la ulsterización del País Vasco, el cainita objetivo perseguido por ETA como primer paso para imponer después su hegemonía al resto de la familia nacionalista, sería recurrir a las fórmulas de democracia consociativa propias de las sociedades escindidas por motivos religiosos, lingüísticos o culturales. La exclusión de los nacionalistas de los centros de poder autonómicos, forales y municipales como consecuencia de un eventual vuelco electoral en el futuro sería tan grave para la reconciliación política y social del País Vasco como la simétrica exclusión de los constitucionalistas pretendida hace dos años por el Pacto de Estella. Cuanto menos tarden los demócratas -nacionalistas y constitucionalistas- en recuperar la unidad en torno a las instituciones del Estatuto de Guernica, mas fácil será cerrar el paso a los asesinos: aunque las desconfianzas entre los partidos hagan hoy difícilmente realizable esa perspectiva, sólo un gobierno de concentración o un pacto de legislatura de amplia base lograría hacer cumplir la ley en el País Vasco y acabar de esa forma con el clima de impunidad que propicia los estragos de la kale borroka y las extorsiones mafiosas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de octubre de 2000