Holanda despenaliza la prostitución y suprime la ley contra los burdeles

Desde ayer, las prostitutas ejercen su profesión de forma completamente legal en Holanda, el país que las exhibe en los famosos escaparates de los barrios rojos. La ley que prohibió los burdeles, aprobada en 1911 bajo las presiones de los radicales calvinistas que reaccionaron contra la liberalización heredada de la invasión napoleónica, establecía una pena de cárcel de un año o multas de hasta 2.000 florines (unas 150.000 pesetas) para los que convirtieran "en profesión o hábito el fomento de la prostitución".

Cuatro de sus 29 años los dedicó Pascal al ejercicio de la prostitución, una actividad libre y legal en Holanda. Al igual que las cerca de 5.000 mujeres que se exhiben en los famosos escaparates de los barrios rojos de las ciudades, Pascal tenía libertad para negociar con sus clientes el precio y las condiciones del servicio, limitándose a pagar un alquiler al propietario de la casa que utilizaba. "Trescientos florines por el día completo, noche incluida", explica. Su tarifa media era de 3.500 pesetas por media hora de servicio.Si Pascal hubiera trabajado en la calle, o hubiera podido comprar su habitación con escaparate, habría sido considerada legalmente una trabajadora autónoma. Igual que un albañil, un taxista o una vendedora de bombones. Su profesión, sin embargo, entraba en el círculo ilegal, porque facilitar las instalaciones para el ejercicio del oficio más viejo del mundo estaba paradójicamente prohibido por la ley en Holanda. La situación cambió ayer, con la entrada en vigor de la norma que legaliza completamente la prostitución al abolir la normativa contra la existencia de los burdeles.

En la práctica, la policía y las autoridades locales han hecho la vista gorda tanto con los burdeles como con los escaparates alquilados desde que los años sesenta y setenta trajeron las nuevas corrientes progresistas a Holanda. La mayoría de las prostitutas -un 45% de las 30.000 que se calcula que ejercen- trabaja en clubes privados; el 35% de ellas se ofrece desde los escaparates y el resto hace citas en hoteles o a domicilio, a menudo con clientes fijos. Sólo una pequeña parte (casi siempre drogadictas) está en la calle.

La nueva práctica pretende traer transparencia al sector y mejorar su imagen. "A pesar de la tolerancia, la ilegalidad en la que se encuentran desde hace casi un siglo los burdeles ha impedido la transparencia, ha dificultado los controles y ha amparado la proliferación de tráfico de menores, comercio de armas y drogas y todo tipo de actividades ilegales", explica Mariska van Doornick, de la Fundación Mr. A de Graaf, que investiga sobre la prostitución. Más de la mitad de las prostitutas son extranjeras ilegales que trabajan voluntariamente u obligadas.

No todos han acogido la ley con satisfacción. Preocupados por un aumento descontrolado de la industria del sexo, los ayuntamiento más conservadores, en su mayoría regidos por partidos confesionales calvinistas, se afanan en la búsqueda de trucos jurídicos que les permitan impedir la apertura de este tipo de negocios. La ley aprobada por el Parlamento dejó a los municipios la posibilidad de desarrollarla.

Imposibilitados para establecer una prohibición total, las ideas no dejan de ser originales. Localidades como Bunschoten han determinado que no se pueda abrir un prostíbulo a menos de 500 metros de una escuela, centro juvenil o iglesia, lo que en la práctica hace imposible encontrar un lugar adecuado. El mismo ejemplo han seguido Altena y Land en Heuden, reduciendo la distancia a 250 metros. Otros han aprobado una ley que establece en uno el máximo de burdeles permitido, y los menos atrevidos se limitan a establecer una única zona, a menudo fuera de la ciudad, en un polígono industrial, donde puedan establecer la industria del sexo.

La actitud de los municipios conservadores ha desencadenado las iras de la Asociación de Propietarios de Empresas de Descanso, como eufemísticamente se ha llamado el sector durante los 87 años de prohibición. La asociación va a emprender acciones legales contra varias decenas de ayuntamientos que están poniendo trabas.