El Gobierno negocia con PSOE, CiU y CC la nueva Ley de Extranjería

El Gobierno está negociando con PSOE, Coalición Canaria (CC) y Convergència i Unió (CiU) la reforma de la Ley de Extranjería, que esta misma semana vuelve al Congreso. Ninguna de estas tres formaciones ha presentado enmiendas a la totalidad al texto de reforma pero las tres pretenden introducir sustanciales cambios en la ley, a pesar de que el Ejecutivo considera que ya ha cedido bastante. Este jueves se debaten las seis enmiendas a la totalidad presentadas.

Reforma "innecesaria"

Los partidos de la oposición tienen de plazo hasta hoy para presentar enmiendas. Las negociaciones llevan semanas en marcha y sus resultados se plasmarán en el debate parlamentario de las enmiendas parciales de PSOE, CiU y CC, momento en que quedará claro hasta dónde piensa ceder el partido del Gobierno. Las posturas más irreconciliables se verán este jueves en el debate de las enmiendas a la totalidad de IU, PNV, BNG, Iniciativa per Catalunya, Eusko Alkartasuna y Chunta Aragonesista, partidos que aprecian un retroceso en los derechos de los inmigrantes. Todas serán rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP. El PP está llevando a la práctica la propuesta recogida en su programa electoral de modificar la Ley de Extranjería. Ésta fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso en diciembre de 1999, en lo que se convirtió en una clamorosa derrota de los populares, que por primera vez se quedaban solos en una votación parlamentaria, ya que todos los partidos de la oposición apoyaron el texto que sustituía a la normativa de 1985.

La mayoría de los partidos de la oposición entiende que la reforma es innecesaria porque la ley 4/2000 no ha hecho más que arrancar y, por tanto, es necesario darle un tiempo de prueba. El PP, por contra, está convencido de que la reforma es necesaria, ya que cree que el proceso extraordinario de regularización de extranjeros que prevé la ley ha tenido un efecto llamada para los inmigrantes, al haber dado la impresión de que todo extranjero que llegara a España obtendría un permiso de residencia y de trabajo, lo que, en su opinión, explicaba las avalanchas de inmigrantes en el Estrecho y en Canarias. Por ello, como motivo fundamental de la reforma se alega que se han detectado "aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma".El PP presentó su texto de reforma, que fue aprobado en Consejo de Ministros, el 7 de julio, seis meses después de la entrada en vigor de la ley vigente. El proyecto fue aprobado sin la preceptiva consulta a los consejos General de Poder Judicial, de Estado y Económico y Social, organismos que reivindicaron su derecho a realizar un informe no vinculante del anteproyecto, sobre el que sobrevolaba la sombra de la inconstitucionalidad al no reconocer algunos derechos fundamentales a los inmigrantes que sí recogía la ley vigente.

El Ejecutivo rectificó y envió el texto a los citados organismos. Cada uno de ellos emitió su informe y el Gobierno incluyó en el texto algunas de sus sugerencias, lo que obligó a que fuese aprobado por segunda vez en Consejo de Ministros, el 8 de agosto. Inmediatamente después, el Ejecutivo solicitó que se tramitase por la vía de urgencia.

A esas alturas ya habían quedado más que claras las distancias entre la oposición y el Gobierno, especialmente por la distinción entre inmigrantes regulares e irregulares, una de las claves de la reforma. De hecho, el acceso a determinados derechos fundamentales pasará a depender de la situación administrativa de los inmigrantes, de forma que sólo los residentes puedan disfrutar de ellos. Mientras, los indocumentados o irregulares sólo tendrán derecho a la sanidad de urgencia y a la educación obligatoria siempre que sean menores. Además, el mero hecho de carecer de papeles en regla es causa de expulsión de España.