¿A quién le interesa el Parlament? JOSEP MARIA VALLÈS

Tras la pausa estival y casi un año después del arranque de la legislatura, el Parlament ha reanudado sus sesiones. Ocho meses en el Palau de la Ciutadella permiten que un diputado novel se pregunte más de una vez si lo que allí se hace interesa a la ciudadanía. La pregunta no es retórica. Al fin y al cabo, es la ciudadanía la que ha encomendado su tarea a diputados y diputadas. Si esta tarea no despierta demasiado interés, algo funciona mal en la relación entre representado -el ciudadano- y representante -el diputado-. Y, efectivamente, algo o bastante deja que desear la actividad parlamentaria, tal como sigue concebida a las puertas del siglo XXI. En otros países con mayor tradición democrática, las asambleas perdieron hace ya tiempo la posición política central que ocuparon en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Se ha escrito con razón que gobiernos y administraciones se han adaptado aceptablemente a los cambios sociales y técnicos del siglo XX, mientras que las asambleas -y también los tribunales de justicia- siguen anclados en procedimientos concebidos para el siglo XIX. En términos de caricatura, puede decirse que los parlamentos funcionan a ritmo de diligencia en la era de Internet.¿Tiene, pues, razón de ser la institución parlamentaria? La tiene, sobre todo y especialmente, porque debería constituir un ámbito público de control del gobierno y de sus políticas. Un ámbito público -y no privado- de vigilancia constante sobre el Ejecutivo, obligado a rendir cuentas a la ciudadanía. Un ámbito donde la publicidad distingue este ejercicio de otros controles opacos: a saber, el control -o la presión- que ejercen sobre los gobiernos otros poderes económicos y sociales, del país y transnacionales. Un espacio donde esta posibilidad de supervisión no queda limitada a las grandes corrientes de opinión, sino abierta también a voces minoritarias, legitimadas por el encargo que han recibido de electores que nunca serán atendidos en un despacho oficial o raramente podrán acceder a los grandes medios de comunicación. Si el Parlamento no ejerce con eficiencia este cometido, es fácil llegar a la conclusión de que se trata de una institución superflua: los medios de comunicación y los grupos de presión se bastarían para desarrollar -a su manera, tantas veces discutida- esta acción de control sobre los gobiernos.

A todo parlamento, pues, le toca justificarse constantemente ante sus electores presentando unos resultados razonables: en la exigencia y difusión de información de interés público, en la apertura a los grupos y actores sociales más alejados de las instituciones para que expongan sus puntos de vista, en la capacidad para examinar políticas alternativas a las que ofrece el gobierno de turno, etcétera. ¿Lo está haciendo así el Parlamento de Cataluña? La legislatura que arrancó después de las elecciones de 1999 está siendo -según algunos- más vivaz y dinámica que las anteriores. A ello han contribuido el peso numérico equilibrado entre mayoría y oposición, la mayor atención a las propuestas que surgen de la alternativa PSC-CPC o el clima de final de ciclo político que se ha instalado en la conciencia de todos.

Pero, a tenor de lo que indican las encuestas, la vida parlamentaria no tiene todavía un gran impacto sobre la opinión. Aun contando con la voluntad indiscutible de los diputados, su misión es de difícil cumplimiento en las condiciones actuales. Con un presupuesto que está por debajo del que disponen algunas direcciones generales: baste señalar que Gobierno y Administración cuentan con un presupuesto más de cuatrocientas veces superior al del parlamento que debe controlarlos. Con un personal entregado, pero escaso en número y especialización. Con instalaciones solemnes, pero nada funcionales. Y con un reglamento muy poco acorde con la dinámica política del siglo XXI.

En el anterior periodo de sesiones, se han tomado medidas en la dirección adecuada: bajo el impulso del presidente de la cámara y con el apoyo de todos los grupos, empiezan a cubrirse déficit elementales de infraestructura. En el periodo de sesiones que comienza, hay que acometer sin dilación la reforma del reglamento y adecuarlo a lo que es el papel central del Parlamento en nuestro tiempo: un control público, diligente y eficaz de la acción gubernamental. Para ello, es necesario simplificar y acelerar procedimientos, posibilitar la intervención de ciudadanos y actores sociales en algunos de ellos, eliminar los límites que la mayoría de gobierno puede imponer a las minorías en la acción de control que les corresponde, dotar a la cámara de personal que preste a los parlamentarios la asistencia experta que el gobierno obtiene de sus propios servicios. En suma, contribuir a que la acción parlamentaria rinda el servicio que el ciudadano espera de ella: a saber, supervisar de manera pública y continua -no opaca, no superficial- las orientaciones y las políticas de un gobierno y su administración.

La reforma del reglamento es un cambio necesario. A corto plazo, presenta poca espectacularidad y escaso atractivo para los medios. A medio plazo, puede dinamizar el parlamento y hacerlo más accesible y comprensible. Es una transformación que esperan no sólo los ciudadanos que apuestan por el cambio -y, entre ellos, los ciutadans pel canvi-, sino también otros grupos políticos que admiten la necesidad de perfeccionar sin pausa los mecanismos de nuestra democracia con el fin de alejar la tentación de aislamiento de su entorno social que siempre amenaza a los parlamentarios. Un observador académico escribió que solía haber más puntos de contacto entre dos diputados de diferentes partidos que entre un diputado y un votante de un mismo partido. Cuando tales puntos de contacto sirven para facilitar la contradicción respetuosa y la discusión civilizada, bienvenidos sean. Pero si son reflejo de la complicidad corporativa de los representantes y de su divorcio de los representados, la institución parlamentaria estaría traicionando la misma idea que justifica su existencia.

Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi ciutadans@pelcanvi.com