Cánones perversos
El Gobierno estaba obligado a corregir el monumental error político de conceder las licencias de telefonía móvil mediante concurso a la luz de los formidables ingresos obtenidos por quienes lo hicieron por subasta. Alemania, por ejemplo, ingresó 8,4 billones de pesetas, frente a los 83.000 millones que consiguió el Gobierno español. Para subsanar este error -por llamarlo de algún modo-, el Ejecutivo ha decidido imponer un canon extraordinario de 160.000 millones de pesetas anuales que deberán pagar las empresas que utilizan el espacio radioeléctrico: telefonía móvil, radios, televisiones, telefonía local por radio...Las compañías concesionarias de las licencias de telefonía de nueva generación (UMTS) han planteado que, puesto que cambian las condiciones contractuales, se modifiquen también otras, referidas a la fiscalidad o al plazo de puesta en marcha. De la confusa definición del canon que ha hecho el Gobierno cabe preguntarse razonablemente si el coste de enmendar el error no será más oneroso que el error mismo.
Varios motivos fundamentan esta inquietud. Un canon anual introduce inseguridad en las empresas, puesto que no hay razón para suponer que la cantidad que se pague un año no se aumente al siguiente, por motivos tan discrecionales como el que dio lugar al establecimiento del primero. Por otra parte, no cancela definitivamente el error político del concurso inicial, que en la práctica invalida la eventual convocatoria de una subasta para las concesiones futuras. En otro caso estaríamos ante una discriminación difícilmente sostenible ante los tribunales y también ante las instancias comunitarias.
Hay que reconocer que cambiar de caballo en plena carrera es un ejercicio complejo, que pocas veces puede resolverse de forma satisfactoria. En una escala de soluciones, siendo técnicamente la óptima la de anular los concursos realizados, en la práctica resultaba de imposible aplicación por los problemas jurídicos, empresariales y políticos que hubiera planteado. Puestas así las cosas, la salida del canon sigue estando entre las peores. Probablemente hubiera sido menos mala aplicar una tasa similar al windfall tax que impuso el Gobierno de Blair a las compañías privatizadas por Thatcher. Este modelo significa imponer el pago de una cantidad por una sola vez, de forma que desaparece el aspecto de inseguridad jurídica que el canon proyecta hacia el futuro. No se entiende cómo el Gobierno, que argumentó precisamente la inconveniencia de generar marcos singulares para no aceptar la reducción excepcional de la tasa sobre los carburantes que proponía el PSOE, recurre ahora a un impuesto discrecional sobre el espacio radioeléctrico. No sólo no ha solucionado el entuerto de los concursos, sino que probablemente lo ha embrollado más.
