La Fiscalía cree que el ex alcalde del PP de Santa Pola delinquió al no paralizar sus obras en Tabarca

El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, ha apreciado un delito de desobediencia en la actitud del ex alcalde popular de Santa Pola, Pascual Orts, quien continuó la edificación de un grupo de viviendas en Tabarca -isla declarada Bien de Interés Cultural- a pesar de haber recibido varias órdenes de paralización.Tras investigar la denuncia presentada por Juana Serna, diputada nacional del PSOE, contra el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Pola, la Fiscalía ha decidido remitir sus actuaciones a los juzgados para que éstos abran diligencias penales contra Pascual Orts. La diputada socialista denunció que Orts pudo incurrir en este delito al continuar las obras de construcción de seis chalés en la isla, pese a las órdenes de paralización dictadas por varias administraciones y los tribunales.

Tras asegurar a principios de mes que abriría diligencias contra Orts, el fiscal jefe solicitó al Ayuntamiento de Alicante toda la documentación sobre las citadas edificaciones. Pese a contar con la licencia municipal de obras, el ex alcalde está construyendo los chalés en terrenos incluidos en la zona de dominio público marítimo-terrestre. La dirección general de Costas, en su día, dictó una resolución exigiendo la paralización de las obras y también abrió un expediente sancionador que recoge la posibilidad de demoler lo construido.

En su denuncia, Juana Serna hizo especial hincapié en el "caso omiso" que el ex alcalde ha hecho de la orden judicial dictada el 14 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decretó la suspensión cautelar de las obras. La diputada decidió llevar el caso a la Fiscalía porque "es impresentable que un edil, el primero que tenía que dar ejemplo, esté incumpliendo sistemáticamente la ley".

También el Ayuntamiento de Alicante, administración de la que depende la isla, expedientó a Pascual Orts después de constatar que las polémicas edificaciones habían sobrepasado la altura máxima permitida en la licencia de obras. Tampoco a la orden de paralización dictada por el concejal de Urbanismo, José Luis Pamblanco, hizo caso el regidor santapolero. El Ayuntamiento le llegó a imponer una sanción de 100.000 pesetas, una cantidad considerada "ridícula" por la oposición, que pidió una penalización económica mayor por la gravedad de la infracción.

Un decreto del edil de Urbanismo ordenó la demolición de la parte de las edificaciones que excedieron la altura máxima estipulada en el permiso de obras, sin que el ex alcalde cumpliera el mandato de la resolución.